Según informaron fuentes del Colectivo de Opositores Libres de Enseñanza (COLE), el Defensor del Pueblo declaró entonces que, tras estudiar el asunto, consideraba que el sistema de oposición vulnera algunos principios constitucionales.

Por ese motiv, el Defensor envió una recomendación el pasado mes de diciembre al ministro de Educación y Ciencia (MEC) y que fue recogida en su informe anual.

El COLE confiaba en que el Defensor presentara recurso de amparo ante el Constitucional, esperanza que ha quedado frustrada tras ser informados por esta institución de que Gil-Robles no recurrirá. Ante esta decisión, y a título particular, se han cursado desde Andalucía tres recursos de amparo.

Esa decisión del Defensor fue calificada por el COLE de "imresentable e indigna" por considerar que "demuestra que esta institución se ha convertido en un buzón de sugerencias al Gobierno, para lo cual no necesita tantos poderes como tiene".

Además, se preguntan que "si de un tema como éste, que tiene perfectamente estudiado y definido, no presenta recurso de amparo, ¿cuándo lo hace?".