Alvaro Gil-Robles, que hoy entregó al presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, el informe anual que elaborasu oficina, declaró en rueda de prensa que ayer, martes, recibió una comunicación del presidente de Telefónica en la que éste encuentra discutible que el Defensor del Pueblo pueda ejercer algún control sobre la compañía.

Gil-Robles expresó en rueda de prensa su sorpresa ante esta reacción y aseguró que el autor de la carta no ha leido la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.

Asimismo, afirmó que Telefónica no puede ignorar el Reglamento de Prestación de Servicios 903 elaborado por la Secretaría Gneral de Comunicaciones y añadió que el cobro de recibos donde existen dudas sobre su validez debe suspenderse.

Gil-Robles aprovechó la presentación pública del décimo informe que elabora esta institución para declarar que las actitudes de algunos ciudadanos y organismos públicos están marcadas por un "claro corte racista o xenófobo".

RACISMO

El Defensor del Pueblo expresó su preocupación ante algunas actuaciones policiales que, según explicó, tienen en cuenta "el color de la piel" de los afectdos.

Respecto a las peticiones de asilo político, reconoció que su institución suele mantener un criterio distinto al del Ministerio del Interior en estos casos, al tiempo que recordaba que las personas que formulan esta solicitud no pueden ser devueltas al país de origen de forma inmediata y sin mediar la apertura del correspondiente expediente.

También abordó las quejas que motivaron el año pasado la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la situación de los centros penitenciarios y los prmisos carcelarios.

La denominada "ley Corcuera" ha motivado más de una decena de quejas, de las cuales cuatro hacían referencia a detencionesd y otras cuatro a la entrada de las fuerzas de seguridad en domicilios.

Sin embargo, reconoció que la nueva Ley de Seguridad Privada, que no reconoce carácter de agente de la autoridad a estos empleados, ha resuelto un importante número de denuncias.

En relación a los permisos carcelarios, dijo que son necesarios para la reinserción de presos, pero piió la creación de equipos cualificados que dictaminen previamente sobre la personalidad y características de los presos, así como que se cubran todas las plazas para jueces de vigilancia penitenciaria y que se abran más cárceles para terminar con el hacinamiento.

SANIDAD

Asimismo, criticó algunos asuntos relacionados con la Sanidad, como las listas de espera que existen en algunos hospitales y denunció las condiciones que presenta el servicio de urgencias del hospital madrileño "Doce de Octubre".

Otros aspectos administrativos que, según Alvaro Gil-Robles, son susceptibles de denuncia radican en el retraso que sufren el pago de pensiones a las clases pasivas y las dificultades de comprensión que suele entrañar el lenguaje administrativo.

A su juicio, la falta de coordinación entre administraciones sigue siendo uno de los principales problemas que presenta nuestro país, y citó como ejemplo las carencias que prensenta la relación entre los servicios sociales y los sanitarios.

Además, critcó el trato que dispensan algunos funcionarios a los ciudadanos y sentenció que "algunas administraciones no cumplen como debieran".

Sobre la posibilidad de que continue en el cargo tras el 16 de marzo, fecha en la que finaliza su actual mandato, indicó que no ha sondeado el apoyo con el que cuenta entre las distintas formaciones políticas y añadió que será el Parlamento quien decida.