En un comunicado, la institución alertó de que "tras tener conocimiento por varias fuentes" de esos abusos inició una actuación de oficio en el año 2022 con las administraciones públicas competentes para recabar información y, al mismo tiempo, conocer los medios con los que cuentan las diferentes administraciones para hacerles frente.

Dicha actuación incluyó la realización de visitas a varios centros de menores tutelados por la Administración. En concreto, el Defensor del Pueblo cita los siguientes centros objeto de su actuación: Residencia especializada en adaptación psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid); Centro Educativo Terapéutico CET-Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco); Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Región de Murcia); Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Centro de Acogida Lucentum, en Alicante (Comunitat Valenciana); Centro Residencial Infantojuvenil Campillín, en Oviedo, y la Unidad Familiar Cayés, en Llanera (Asturias).

Según explicó el Defensor del Pueblo, con esas visitas los expertos de la institución perseguían conocer de primera mano "el contexto en el que se habían producido los abusos, cómo se habían detectado, cómo se había articulado el trabajo de los profesionales y cómo se había trabajado con las víctimas".

Tras estas acciones, la institución ha elaborado el informe 'El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual', que acaba de registrar en las Cortes Generales, y en el que el Defensor del Pueblo formula 11 recomendaciones dirigidas tanto a la Administración central como a los organismos autonómicos para garantizar la protección de los menores que se encuentran bajo la tutela de las instituciones públicas.

En este sentido, Ángel Gabilondo subrayó que “la violencia sexual sobre la infancia y la adolescencia es un gravísimo ataque a los derechos humanos que debe ser atajado, con rigor y firmeza, por la sociedad y por los poderes públicos”.

En el informe se pone de manifiesto, según destacó el Defensor del Pueblo, "que la mayoría de las administraciones no disponían de información de calidad y completa, ni estadísticamente tratada, sobre los casos de abusos o explotación sexual producidos mientras los menores se encontraban al amparo del sistema de protección".

REGISTRO UNIFICADO DE SERVICIOS

A este respecto, la institución solicitó al Ministerio de Juventud e Infancia y a los órganos autonómicos que impulsen la puesta en marcha del Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, previstos en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Además, el Defensor recomienda a los gobiernos autonómicos en dicho informe que "apruebe la disposición general que regule las condiciones de autorización y funcionamiento de los centros residenciales de protección de menores en su territorio, con los requisitos mínimos que han de cumplir en materia de organización, personal técnico y auxiliar, materiales, protocolos de actuación y régimen de infracciones y sanciones".

Asimismo, recuerda que la normativa vigente también prevé que las entidades públicas deben contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a situaciones de violencia sexual, por lo que ha recomendado que las que aún no dispongan de ellos procedan a su aprobación.

La institución también propone ampliar la formación de los profesionales que atienden a menores en situación de violencia sexual y recomienda que se cuente con la figura del técnico referente en violencia y explotación sexual. También se recomienda la implementación de programas educativos sobre una vida afectivo-sexual saludable y sobre seguridad en las redes sociales para los menores que se encuentran en el sistema de protección.

Del mismo modo, según el Defensor de Pueblo es prioritario que las entidades públicas de protección de la infancia y la adolescencia elaboren un plan de revisión de los recursos residenciales de que disponen, para ajustar la oferta residencial y se atienda a los menores de conformidad con sus singularidades. Y que se diferencie con claridad entre centros de acogida residencial, centros específicos de protección para problemas de conducta, y centros terapéuticos o de atención a la discapacidad.

Igualmente, entre las recomendaciones registradas en las Cortes se encuentra una petición a la Secretaría de Estado de Justicia (Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) para que se promueva la creación de más instancias judiciales especializadas en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Y para que se refuerce la atención multidisciplinar a los menores de edad víctimas de explotación sexual y se evite la revictimización.