Así se asegura en su informe de 2021 que presentó este viernes en el Congreso de los Diputados, en el que reitera que "ese indicador da idea de la imperiosa necesidad de recuperar lo antes posible una atención normalizada, no solo en los centros de primaria, cuya labor es imprescindible para una inicial detección de los posibles casos de enfermedad grave, sino también en consultas externas y pruebas diagnósticas".

Del mismo modo, el informe del Defensor del Pueblo pone de manifiesto que en 2021 se recibieron quejas "muy apremiantes" de familiares de pacientes que, tras sufrir un accidente, sobre todo de tipo cerebrovascular, o ictus, de diversas edades, necesitaban un período de rehabilitación especializada que debiera ser abordada en una unidad hospitalaria o centro antes de retornar al domicilio.

En cuanto a las listas de espera en consultas externas y en pruebas diagnósticas, el Defensor del Pueblo destaca en su informe que las administraciones sanitarias "han informado de la adopción de distintas medidas para adecuar la gestión de las listas de espera". Durante la pandemia, a los motivos de su extensión se añadió la reorganización de los recursos asistenciales y de los profesionales para la atención a los pacientes con Covid-19, lo que ocasionó la suspensión de procedimientos y la modificación de citas atendiendo a criterios de priorización.

En cuanto a la salud mental, las quejas enviadas al Defensor del Pueblo demandaban la atención en centros especializados, incluyendo la petición de ingreso del paciente para su rehabilitación o larga estancia, por el fracaso previo de la atención prestada en las unidades de hospitalización breve psiquiátricas y la imposibilidad de la continuidad de dicha atención desde los recursos comunitarios.

El Defensor del Pueblo destacó, por la complejidad a la hora de abordar esos problemas, la petición de una atención integral y especializada para los casos de patología dual, donde confluyen las adicciones con trastornos mentales, particularmente en personas jóvenes, incluso menores de edad.

De forma habitual, los padres de afectados, otros familiares o allegados, se dirigen al Defensor del Pueblo después de haber reclamado ante varias administraciones esa atención integral, que podría incluir un período de internamiento, voluntario o involuntario, para alejar al paciente del entorno social desfavorable.

Tal y como se destacó en el informe, "las administraciones, en tales casos, deben disponer, al menos, de unos procedimientos adecuados de seguimiento individualizado que permitan incluso, si así fuese preciso, acudir a la autoridad judicial para adoptar aquellas medidas que sean

imprescindibles, siempre sobre el principio de mínima intervención".