Así lo expone el Defensor del Pueblo en uno de los temas destacados del Informe anual de la actividad de la institución en 2025, que Ángel Gabilondo entregó este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

En el marco del análisis que hace el Defensor del Pueblo sobre el impacto de la reforma del Reglamento de Extranjería en los solicitantes de protección internacional (asilo), la institución reconoce que la regularización extraordinaria de migrantes es positiva.

En concreto, el informe sostiene que este proyecto normativo es “muy acertado” porque se centra en corregir aquellos elementos reconocidos de que el modelo migratorio español no solo “carece de agilidad” para dar respuesta a los retos del mercado laboral, sino que padece “importantes ineficiencias” y potencia “prácticas de economía informal que tienen elevados costes humanos, económicos, sociales y de gestión”.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo advierte de que esta medida extraordinaria, “por su propio alcance temporal”, no soluciona el problema creado por la reforma citada en la cuestión del arraigo. Es decir, no sustituye ni modifica el régimen de arraigo, y por ello no constituye una solución definitiva para las personas afectadas (quien pida asilo desde mayo de 2025 queda automáticamente sin posibilidad de usar la vía del arraigo para regularizarse).