Así lo recoge el informe anual de 2023 del Defensor del Pueblo publicado este viernes, que cita como principales desafíos la baja tasa de natalidad, el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el desequilibrio entre el número de pensionistas y trabajadores en activo, entre otros.

En este sentido, la institución dirigida por Ángel Gabilondo recuerda que se ha dado traslado al Congreso de los Diputados de la petición de algunos movimientos sociales para que se blinde el poder adquisitivo de las pensiones en la Constitución.

En materia de pensiones, el Defensor explica también que está recibiendo desde hace años “continuas reivindicaciones” de solicitantes de jubilación anticipada, que expresan su deseo de que se supriman tales coeficientes en supuestos de carreras de cotización de cuarenta o más años, al entender que con sus aportaciones han cumplido “sobradamente” con las obligaciones de sostenimiento del sistema de financiación.

El Defensor reconoce que la Ley General de la Seguridad Social sí que permite que la edad ordinaria de jubilación pueda ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, sin aplicación de los coeficientes reductores en la cuantía de la pensión. Pero a lo largo de 2023 el Defensor recibió quejas del sector de trabajadores de instituciones sanitarias y sociosanitarias y del sector de seguridad privada.

Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad Social negocia en la actualidad con sindicatos y patronal una reforma de la jubilación anticipada en actividades penosas y peligrosas.

Por otro lado, el Defensor alerta de los “retrasos” que sufren algunos ciudadanos a la hora de tramitar algunas prestaciones con la Seguridad Social, como en situaciones de contingencias o la tramitación de solicitudes de pensión de jubilación o de viudedad cuando es preciso contar con los períodos cotizados en otros países.

En este segundo caso, según el Defensor, el retraso puede llegar a superar los dos años, con el “importante perjuicio económico” para los interesados que, entre tanto, pueden necesitar recurrir a otras ayudas o prestaciones asistenciales. En la mayoría de las quejas tramitadas por este problema, el retraso se sitúa en una Administración extranjera de Seguridad Social.

En 2023, el Defensor del Pueblo recibió también un número destacado de quejas de personas que perciben una pensión extranjera residiendo en España, en la mayoría de los casos de Francia, y que veían suspendido de forma no prevista el pago de su prestación. Alegaban haber cumplido con el requisito de remitir una fe de vida, pero la pensión no se reactivaba.

En la misma línea, los principales motivos de queja recibidas por el Defensor del Pueblo en materia de pensiones no contributivas (PNC) de invalidez y jubilación han sido las demoras en su tramitación y los criterios aplicados para determinar los ingresos computables al calcular el límite de acumulación de recursos.

Aunque el plazo de resolución y notificación previsto en el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, es de 90 días, se ha constatado la existencia de demoras de hasta 10 meses en Canarias; ocho meses en la Comunidad Valenciana; 14 en algunas provincias de Andalucía como Cádiz o Málaga, así como 12 meses en Sevilla. En Cataluña se han llegado a contabilizar 10 meses en Figueres y 19 meses en Barcelona.