En concreto, el órgano dirigido por Ángel Gabilondo deja claro en el documento que esta reforma judicial que emana de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia “supone un cambio profundo”. Pero remarca que esa transformación de los alrededor de 3.800 juzgados unipersonales en 431 tribunales de Instancia finalizó el 1 de enero, por lo que no ha transcurrido un "tiempo suficiente" para evaluar el cambio.

Pese a ello, da por hecho que no será posible evitar “a corto plazo” los “problemas que necesariamente se derivan de una reforma tan profunda, ejecutada en un plazo de tiempo relativamente corto, con las consiguientes dilaciones”.

Así, recuerda que esta transformación motivó muchas de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo por la por la “falta de cobertura de las necesidades de personal” detectadas en distintas regiones, especialmente en las jurisdicciones civil, social y de violencia contra la mujer.

En este punto, confía en que esta reforma implique un “incremento” de la plantilla de jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia “en toda España”, algo que, de momento, ha anunciado ya el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, además de otras 200 para fiscales. Y, al mismo tiempo, espera que se consiga “una mejor gestión del trabajo” en las oficinas judiciales.

Eso sí, por el momento se muestra en cierto modo pesimista al considerar que la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia de manera generalizada no parece que “a corto plazo” pueda resolver los “largos períodos de espera para la celebración del juicio”.

Y es que según considera el Defensor, la creación del tribunal de instancia “no supone ninguna alteración del reparto ya asignado a los hasta entonces juzgados”. Y recuerda que la disposición transitoria de la norma señala que los magistrados que pasen a ocupar plaza en la sección del tribunal “seguirán conociendo de todas las materias que tuvieran atribuidas en el mismo -juzgado- y de aquellos asuntos que en ellos estuvieren en trámite o no hubieren concluido mediante resolución que implique su archivo definitivo”.

De ahí que concluya señalando que “parece que la carga de trabajo de los magistrados”, salvo que se establezcan “medidas de refuerzo y se incremente la planta”, seguirá “siendo la misma”.