Así lo pone de manifiesto el organismo dirigido por Ángel Gabilondo, que vuelve a incidir en este aspecto en el que ya ha mostrado su interés en los últimos años. De hecho, otros defensores ya lo plantearon con anterioridad.

Esta petición, explica, se la trasladó el 7 de abril de 2025 al secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, en una reunión en la que también abordaron otras “cuestiones de interés” que afectaban a este departamento.

La principal, es esa” equiparación pendiente” de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo en relación con la cuantía indemnizatoria a percibir entre aquellas cuyas causas obtuvieron sentencia judicial y aquellas que se archivaron sin sentencia.

Según señala el Defensor, esta equiparación tendría que llevarse a cabo mediante la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, o a través de la “inclusión de una partida para este específico fin”, en una o varias leyes de Presupuestos Generales del Estado.

DESDE 2015

De hecho insiste en que sobre este asunto, “se viene interesando el Defensor del Pueblo desde hace tiempo”. Por ejemplo, en 2015, cuando quien ocupaba el cargo era Soledad Becerril, que recomendó a Interior “abrir una reflexión sobre la conveniencia de equiparar estas indemnizaciones”, teniendo en cuenta el “elevado número de víctimas de ETA que no dispone de sentencia condenatoria” y las “dificultades objetivas en muchos casos para dictar sentencia”.

Ya en su informe correspondiente a 2024 el Defensor apuntaba que “transcurridos muchos años” desde esa recomendación, “no se ha llevado a cabo la unificación de las cantidades a percibir por las víctimas con independencia de la existencia o no de la sentencia judicial, lo que garantizaría un trato igualitario a todas ellas”.

AMENAZADOS Y HOMENAJES A ETARRAS

Pero también trasladó el Defensor a Interior en esa reunión otros asuntos sobre las víctimas del terrorismo y la citada norma que son recurrentes. Como la “acreditación de la condición de amenazado como víctima del terrorismo”, tema ya incluido en informes anteriores del Defensor del Pueblo. De hecho, en 2018 ya se emitió una recomendación al respecto para modificar la citada ley.

Por último, hace referencia a los homenajes a etarras o actos de exaltación del terrorismo. Algo que sí que establece la ley en su artículo 63.1 pero que, sin embargo, el Defensor señala que “al no establecerse un régimen sancionador de derecho administrativo” no ha servido para lo que se pretendía, que era erradicarlos. Algo eso que provoca, añade, “situaciones de victimización secundaria de las víctimas y familiares del terrorismo de ETA”.