Según informó este viernes la oficina que dirige Ángel Gabilondo, esta actuación se inicia tras interponer una queja la Unión General de Trabajadores (UGT) en la Región de Murcia al considerar que esta limitación podría constituir una vulneración del principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación de 15/2022.

El sindicato estima, también, que está exclusión podría ir contra las resoluciones y recomendaciones de organismo internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La institución explicó que el Defensor del Pueblo ha requerido a los ayuntamientos citados en la queja del sindicato que informen sobre las ordenanzas referidas y sobre las limitaciones impuestas a personas con VIH, así como "las medidas que pudieran adoptarse por esas corporaciones para garantizar los derechos de las personas afectadas por la exclusión referida y evitar, así, cualquier posible trato discriminatorio".