Según informó hoy la Oficina del Defensor, Múgica también ha recomendado a Acebes la aprobación del reglamento que desarrolla esa ley.

Asimismo, le ha pedido que se estudie la conveniencia de introducir modificaciones en las que se tengan en cuenta inquietudes y preocupaciones maniestadas por los ciudadanos en las quejas llegadas a esta institución y referidas, principalmente, a la excesivas facultades del Ministerio Fiscal, a las medidas de internamiento, a la falta de tiempo para una eficaz resocialización de los jóvenes en los centros de internamiento y a la desigualdad de trato que se dispensa al menor, respecto a los adultos, en los plazos para acceder al tercer grado penitenciario.

En los últimos once meses, la Oficina del Defensor del Pueblo ha reunido información sobre os problemas que planteaba la aplicación de la ley, y observa una falta de homogeneidad en el cumplimiento de las medidas de internamiento, ya que, a veces, el nivel de garantías es diferente en cada centro.

El Defensor del Pueblo explica que recomienda una moratoria en la aplicación de la ley, "porque los medios existentes en este momento no permiten pronosticar que existan las condiciones idóneas como para garantizar una correcta aplicación de la ley".

Por ejemplo, dice Múgica, en la determinacón del número de plazas, en una distribución geográfica de los centros que posibilite que los menores estén internados en lugares próximos a sus domicilios, lo que facilitaría su proceso de integración social.

A su juicio, el hecho de que en los últimos tres años no se haya puesto en funcionamiento ni un juzgado de menores en régimen de exclusividad es otra carencia que abunda en lo que ya señaló el Defensor del Pueblo en 1997. Se añade a todo esto que la creación de 31 nuevos juzgados para el próximo13 de enero de 2001 supondrá que buena parte de ellos no puedan ser cubiertos por magistrados especialistas en la jurisdicción de menores.

En la recomendación del Defensor del Pueblo se señala también que, desde el Consejo General de la Abogacía, se ha solicitado en tres ocasiones al Ministerio de Justicia la dotación de medios económicos para impartir cursos de especilización a los abogados, dotación que todavía no ha sido recibida.

Sobre las medidas de internamiento, el Defensor del Pueblo ha tnido muy en cuenta tanto las quejas recibidas como la información recabada en las visitas a diferentes centros penitenciarios, en los que actualmente cumplen penas de privación de libertad jóvenes de entre 16 y 17 años; todo ello completado con la información recibida del Ministerio de Justicia y del Consejo General de la Abogacía.