Así figura en el informe anual de esa institución correspondiente a 2025, que su titular, Ángel Gabilondo, entregó este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El Defensor del Pueblo recuerda en el informe que en su momento acordó no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Deporte, de 2022, respecto a la titularidad del derecho de los extranjeros que no tienen residencia legal en España a practicar un deporte federado, en especial, respecto de los menores en esa situación.

Así, formuló una recomendación por considerar que una “interpretación sistemática y finalista” de esa norma lleva “necesariamente” a entender que la ley no niega a los extranjeros sin residencia legal la titularidad de ese derecho.

IGUALDAD

Sin embargo, el Gobierno indicó después la necesidad de un cambio en la ley para esos casos, por lo que el Defensor ha reformulado su recomendación para que se modifique la norma con el fin de garantizar el derecho de los menores extranjeros a “obtener licencias federativas en condiciones de igualdad y con independencia de su situación administrativa en España”.

Posteriormente, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha comprometido a impulsar, con la mayor celeridad posible, las reformas legales necesarias para suprimir el requisito de la “residencia legal en España” que limita el derecho de las personas extranjeras a la práctica de la actividad física y deportiva.