Eso también pasa por dotar a la comunidad educativa "de profesionales cualificados, reforzar las actividades de sensibilización con el alumnado para afianzar un buen clima de convivencia en las aulas y fomentar la participación de las familias de los alumnos". "Estas deben ser informadas de la actuación del centro, preservando, en todo caso, el derecho a la protección de datos de carácter personal", señala en su informe anual 2025, presentado este martes por Ángel Gabilondo en el Congreso de los Diputados.

Aunque el Defensor valora como "positivo" el esfuerzo que vienen realizando las administraciones educativas para abordar esta lacra, en las quejas tramitadas por esta institución se ha podido apreciar que "los protocolos oficiales de actuación interna en los centros educativos ante situaciones de acoso escolar no gozan de la plena confianza de las familias de los alumnos y que, en un elevado número de casos, han sido activados tras la reiterada petición de las familias".

El Defensor también se hace eco de otras quejas relacionadas con el ámbito educativo, como los procedimientos de homologación y convalidación de estudios extranjeros, que han generado "un número significativo de quejas". Por ello, el Defensor ha recomendado al Ministerio de Educación "actualizar y simplificar" la normativa sobre homologaciones y convalidaciones de estudios no universitarios, para hacerla "coherente" con el sistema educativo actual y evitar perjuicios en la trayectoria académica del alumnado.

En 2025, el Defensor del Pueblo recibió más de 1.000 quejas en relación con la falta de resolución o la tramitación incorrecta de expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios extranjeros; y en relación al acceso a las becas, dirigió una recomendación a la Secretaría de Estado de Educación para que se excluyera el bono social térmico de las ganancias patrimoniales computables de la unidad familiar para calcular sus rendimientos patrimoniales.

Paralelamente, dirigió una Recomendación a la Secretaría de Estado de Hacienda, "para que en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas se incluyese una casilla diferenciada para este concepto, superando así la objeción planteada por la Administración educativa de no poder aplicar esa exclusión sin ese dato". Según el citado informe anual, ambas recomendaciones han sido aceptadas.

Asimismo, "la falta o insuficiencia" de recursos personales en determinados niveles o enseñanzas, hacen que un año más esta institución se haya dirigido a las administraciones educativas para que "extremen el cuidado" en la planificación de las plantillas y gradúen en cada curso escolar la proporción entre el número de alumnos y el número de profesores de refuerzo educativo y especializado (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje), "considerando las dificultades y las necesidades educativas que presenta todo el alumnado, y no solo los alumnos con necesidades educativas especiales".