Según informó este sábado el Cermi, la actuación se enmarca en las investigaciones iniciadas por la institución ante la falta de designación de estas autoridades autonómicas, necesarias para supervisar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos por la normativa europea y española.

En concreto, el Defensor del Pueblo ha requerido información a los departamentos competentes de Cataluña, Aragón y Galicia, mientras que ya ha recibido respuesta de las administraciones de Asturias y la Comunidad Valenciana.

La legislación española exige que las comunidades autónomas designen autoridades de vigilancia para realizar actividades de control de mercado, verificar la conformidad de los servicios y supervisar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.

ASTURIAS Y COMUNIDAD VALENCIANA

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias comunicó al Defensor del Pueblo que “todavía no ha procedido a designar esta autoridad”, al considerar que la Administración autonómica “carece de competencias” en la materia. Ante esta respuesta, la institución anunció “una ampliación de sus actuaciones”.

Por su parte, la Generalitat Valenciana informó de que la designación se encuentra “en fase de análisis y articulación” entre los distintos departamentos competentes. Entre las opciones estudiadas figura “atribuir estas funciones a las estructuras existentes de vigilancia de mercado”.

El Cermi consideró que la actuación del Defensor del Pueblo “responde a la inacción de los gobiernos autonómicos” y reclamó que las obligaciones legales de accesibilidad “cuenten con autoridades claramente identificadas, competencias definidas y medios suficientes para ejercer sus funciones”.

La plataforma representativa de la discapacidad subrayó la importancia de “completar cuanto antes” la designación de estas autoridades para “desplegar las labores de vigilancia, inspección, control y verificación” necesarias y garantizar que los productos y servicios accesibles “lleguen efectivamente a las personas con discapacidad”.

El Cermi continuará realizando un seguimiento de este proceso y reclamando a las administraciones públicas “la plena aplicación de las obligaciones de accesibilidad desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de oportunidades”.