En un comunicado difundido este miércoles, la oficina del Defensor, añadió que en la actuación de oficio también se busca que las administraciones actúen para "evitar la existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías".

Según el Defensor esta situación podría estar afectando a los viajeros que se ven en la necesidad de utilizar transportes alternativos a las líneas de tren de alta velocidad (Madrid-Andalucía y/o Madrid-Cataluña, principalmente), y que habrían de pagar sobrecostes para poder viajar, sobre todo, en avión, en autobús, o en coche de alquiler.

El Defensor del Pueblo pide a estas dos instituciones que, "a través de los órganos reguladores", "actúen en el ámbito de sus competencias" para que las empresas "moderen" los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales, "en algunos casos significativamente".

Ángel Gabilondo considera que ante tales situaciones "no parece que sea procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas".