Según recordó la institución, esta figura está prevista en el Artículo 35 de la citada ley. En él se apunta que “todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, independientemente de su titularidad, deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro”.

Así lo señaló este mediodía Ángel Gabilondo en la clausura de las XXXVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se han celebrado este jueves y viernes en Barcelona.

Según el Defensor del Pueblo, “proteger a la infancia requiere estar cerca de su dolor, de sus necesidades, con especial sensibilidad para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, y garantizarles un entorno seguro -también judicialmente-, afectivo y un horizonte de vida. Ellos dependen de decisiones de todos nosotros, tenemos que escucharles, y no ponerles en tesituras imposibles”.