Así figura en el informe anual de esa institución correspondiente a 2025, que su titular, Ángel Gabilondo, entregó este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La institución dirigida por Gabilondo indica que un ciudadano le trasladó una queja al llevar dos años tratando de dar de baja definitiva un vehículo que le habían puesto a su nombre sin ser el propietario de él.

Sin embargo, la DGT no admitía como prueba la denuncia presentada en una comisaría de policía, pese a que iba acompañada de un informe de los agentes, donde se indicaba que había sido víctima de usurpación de identidad.

En el informe emitido por la DGT al Defensor del Pueblo se señalaban las formas admitidas para transferir o dar de baja un vehículo en casos de suplantación de identidad, entre las cuales no está denunciar los hechos ante la policía si no va acompañada de una resolución judicial.

El Defensor del Pueblo recomendó a la DGT “medidas preventivas y reactivas” para “tratar de paliar el problema de la usurpación de identidad en tráfico”. Así, de forma preventiva aconsejó a Tráfico que se coordine con otros departamentos del Ministerio del Interior, para comprobar la autenticidad y vigencia del DNI presentado por la persona interesada en la solicitud del trámite, así como implantar un sistema de avisos al solicitante que pretende realizar el cambio de titularidad del vehículo para que conozca el estado de la tramitación.

Y de manera reactiva, recomendó impedir que se continúen transfiriendo vehículos a nombre de la víctima, evitar el devengo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica u otras tasas, alertas para impedir la incoación de expedientes sancionadores por los vehículos transferidos fraudulentamente, facilitar la baja de esos vehículos y estudiar una categoría de baja diferente a las actualmente establecidas (temporal y definitiva).

INSTRUCCIÓN

La DGT respondió al Defensor que trabajaba en una instrucción para las jefaturas de tráfico en los casos en que un ciudadano manifieste haber sido objeto de suplantación de identidad, por la cual aparece como titular de un vehículo que desconoce o ignora su paradero.

El informe expone el caso de otro ciudadano que sufrió la suplantación de su identidad, incluida la del certificado de firma digital, y tenía a su nombre dos vehículos. Denunció los hechos en una comisaría de la Policía Nacional, así como ante la Fiscalía contra la Criminalidad Informática.

Sin embargo, la DGT no le permitió dar de baja definitiva los dos vehículos que le habían puesto a su nombre de manera fraudulenta, ya que debía aportar los certificados de destrucción o una resolución judicial. También tuvo problemas para dar de baja el certificado digital suplantado y no recibió respuesta de la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado expuso al Defensor del Pueblo los problemas de investigación que este tipo de delitos presentan.

No obstante, la institución dirigida por Gabilondo formuló recomendaciones a la Fiscalía para mejorar la coordinación y la respuesta del ministerio público y la Policía Judicial en la investigación de este tipo de hechos.

OTROS PAÍSES DE LA UE

Por otra parte, un ciudadano presentó una queja ante el Defensor del Pueblo porque había solicitado la baja definitiva de un vehículo, siniestrado en Bélgica y el documento de su entrega en un desguace de ese país, pero la Administración le indicó que no era válido en España.

La DGT comunicó al Defensor que la baja definitiva voluntaria de un vehículo por desguace solo se puede llevar a cabo con la entrega física del vehículo en un centro autorizado de vehículos español, que emitirá un certificado de destrucción o un certificado de tratamiento medioambiental, con lo que no está prevista la entrega del vehículo en un centro extranjero.

Por ello, el Defensor del Pueblo recomendó a la DGT que estudie reformar el Reglamento General de Vehículos para posibilitar la baja definitiva de vehículos con un certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental válidamente emitido en otro Estado miembro de la UE.