Así lo refleja en el informe anual de la actividad de la institución en 2025 que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó este martes en las Cortes Generales y entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

El documento señala que la institución continúa prestando especial atención a las circunstancias que afectan a los menores de edad, en particular a las quejas relacionadas con decisiones administrativas en las que se ha adoptado una medida de protección.

En el seguimiento de un caso concreto con declaración de desamparo, la administración competente comunicó al Defensor del Pueblo que había revocado la resolución tras realizar nuevas comprobaciones e integró de nuevo al menor en su familia. A raíz de este caso, la institución formuló una recomendación para que en situaciones similares se realicen previamente todas las actuaciones necesarias de comprobación e intervención familiar antes de separar al menor de su núcleo familiar, con la coordinación de los servicios sociales municipales y del centro educativo.

El informe también recuerda que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor reconoce el derecho de las familias acogedoras a recibir una compensación económica, aunque advierte de que en ocasiones se producen retrasos en su pago. En este sentido, el Defensor del Pueblo recomendó adoptar medidas que garanticen la regularidad en los abonos de los acogimientos familiares.

Asimismo, la institución reabrió en 2025 una actuación de oficio sobre la violencia sexual en el ámbito del sistema de protección de menores, en la que se puso de manifiesto la dificultad de contar con datos fiables y la necesidad de realizar un estudio específico sobre el riesgo de explotación sexual de los menores tutelados.

En el marco de esta investigación, el Defensor del Pueblo realizó visitas a cinco centros de protección de menores situados en distintas comunidades autónomas, entre ellos instalaciones en Paracuellos del Jarama (Madrid), Vitoria, Alicante, L’Hospitalet de Llobregat y Molina de Segura (Murcia).

Durante estas visitas, se constató que los centros no habían recibido nuevos protocolos para la detección e intervención temprana en casos de abuso o explotación sexual de menores. Además, las inspecciones permitieron detectar problemas relacionados con la adecuación de los perfiles de algunos menores acogidos, por razones como discapacidad intelectual o problemas de salud mental.

Por otra parte, el informe recoge que el Defensor del Pueblo formuló una recomendación a la Consejería de Familias, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para incrementar los recursos residenciales destinados a menores con discapacidad y alteraciones graves de conducta, especialmente aquellos con trastorno del espectro autista. La recomendación fue aceptada y la administración autonómica trabaja en la apertura en 2026 de un recurso residencial temporal para la atención especializada de estos menores.