Así lo expone el Defensor del Pueblo en su informe anual de actividad en 2025, que Ángel Gabilondo entregó este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El Defensor del Pueblo también denuncia numerosos obstáculos, criterios dispares entre administraciones (comunidades autónomas) y demoras que dificultan el acceso a derechos.

Además de pedir la unificación de criterios de acreditación, recogidos en un borrador elaborado en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad que no fue aprobado, el Defensor pide una acreditación de víctimas flexible, aceptando documentos como conclusiones fiscales en causas penales de violencia contra la mujer.

Asimismo, el informe expone que muchas víctimas se ven obligadas a iniciar el proceso repetidamente y, por ello, se pide una reducción de la burocracia en el proceso de acreditación de víctimas. El informe afirma que la acreditación actual exige “acreditar la situación repetidamente para cada ayuda o servicio”, lo que supone cargas administrativas injustificadas para mujeres en situación de vulnerabilidad.

El análisis del Defensor pone especial atención a la dificultad que viven los menores para acreditarles como víctimas de violencia vicaria. El informe denuncia que el acceso de menores a servicios de protección y ayudas “queda condicionado al previo reconocimiento de la madre como víctima”, lo que genera situaciones de desprotección. De este modo, el Defensor propone que los menores puedan ser acreditados directamente como víctimas de violencia vicaria, sin depender de la acreditación de su madre.

La institución también reclama más formación para el personal que atiende y acredita casos, así como una atención específica a mujeres migrantes, pues se detectan obstáculos adicionales en procesos de residencia y protección.