Según informaron ambas instituciones, el acuerdo se selló en el marco de una reunión mantenida por Gabilondo y Muñoz Machado en la que se estableció que la cooperación tendrá como objetivo “lograr que las Administraciones Públicas utilicen en sus comunicaciones con los ciudadanos un lenguaje inteligible”.

Ángel Gabilondo y Santiago Muñoz Machado destacaron que el “lenguaje claro parte forma parte del derecho a comprender, que está en la base de muchos otros derechos fundamentales”.

Por ello, la RAE identificará “prácticas irregulares” desde el punto de vista lingüístico, planteará las soluciones pertinentes y preparará las herramientas para corregir las situaciones que se presenten.

Por su parte, el Defensor del Pueblo utilizará sus potestades para lograr que el lenguaje de la Administración sea “claro y accesible”.