En concreto, pide al departamento dirigido por Félix Bolaños que de acuerdo con las competencias que le corresponden en materia legislativa articule la normativa precisa para “garantizar una mejor protección de la vivienda habitual de las personas mayores que son avalistas de las hipotecas de sus hijos y que se encuentran en una situación de especial debilidad”.

Así, el Defensor del Pueblo pide al Gobierno que considere la conveniencia de reformar el artículo 1 de la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

De esta forma, asegura, les podrían ser aplicables las medidas de protección que prevé dicha norma cuando concurran en ellos los requisitos de vulnerabilidad establecidos para la suspensión del lanzamiento de vivienda habitual.