Son algunos de los principales datos del último informe anual de la actividad de la institución que el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó este lunes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a modo de "radiografía de preocupaciones" que le traslada la ciudadanía, especialmente centradas en la burocracia administrativa.

El grueso de las quejas han sido sobre la Seguridad Social y el empleo, la administración de Justicia, con la función y empleo públicos, con Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, la sanidad y la actividad económica. Así se plasma en un documento de 398 páginas que tiene su ampliación y actualización constante en la web del Defensor, según la institución en ejercicio de transparencia. "Un informe más manejable, asequible e incluso más breve", en comparación con las mil páginas de hace dos años, remarcó.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (7.780), Andalucía (3.394), Comunidad Valenciana (3.154) y Cataluña (2.975), una situación similar a la del informe anterior.

Según Gabilondo, "los ciudadanos han insistido con sus quejas en que las administraciones no deben descuidar la sanidad ni los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario”.

En el informe, el primero que firma Gabilondo tras tomar las riendas de la institución a finales de 2021, también se reflejan las quejas sobre las barreras digitales. "Los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u 'online'. En este mismo sentido, he de recordar que han sido cuantiosas las quejas recibidas por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes)”.

El año anterior, en la temática del informe irrumpieron asuntos como la acogida de refugiados de la guerra en Ucrania, las ayudas a los damnificados por la erupción del volcán de la isla de La Palma y los efectos de la pandemia de la covid-19 en la sociedad española.

Aunque con menos intensidad, estos asuntos siguen destacando especialmente en la nueva edición del informe, pues el Defensor ha detectado que la pandemia ha afectado a cuestiones como las listas sanitarias y las visitas hospitalarias, además de a la masiva digitalización y los transportes; y la guerra en el incremento de los precios de la energía y también en el abordaje de situaciones personales de refugiados que llegan a España. En el presente informe tienen cabida los incidentes en la valla de Melilla (gestión sobre la que Gabilondo reconoció diferencias de criterios) y el impacto en los precios de la regulación de la energía.

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Entre las actuaciones tramitadas, el Defensor impulsó 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se corresponden a 11 leyes y decretos estatales y cinco leyes y decretos autonómicas. Además, se atendió personalmente a 37.210 ciudadanos (36.152 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.058 de una forma presencial).

El informe también incluye datos referidos a la labor del Defensor como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y sus programas específicos, como la situaicón de personas con problemas de salud mental en el ámbito penitenciario, y se hace eco de la encomienda del Congreso de los Diputados a la institución, en marzo de 2022, para que creara una comisión independiente que elaborara un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. La institución trasladó este lunes que "actualmente los trabajos avanzan, se siguen recogiendo testimonios y se ha comenzado a redactar el informe cuyo estado de la cuestión se pretende presentar en el Congreso de los Diputados antes de que acabe la legislatura".