Estos datos están recogidos en el informe anual de la actividad de la institución relativo a 2023, que el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Las quejas tuvieron que ver con materias como la Administración de justicia, la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad. La oficina del Defensor realizó 668 recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y 3 advertencias y se iniciaron 288 actuaciones de oficio -proactivas-, 38 más que en 2022.

Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas se recibió desde la Comunidad de Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña. Además, la institución atendió personalmente a 37.752 ciudadanos: 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.

Ángel Gabilondo señaló en la presentación del informe en el Congreso de los Diputados que “los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías”.

“El presente Informe no busca simplemente subrayar coeficientes antes las Cortes Generales, un mero retrato o panorama de la situación en relación con los derechos. Pretende ofrecer, a modo de resoluciones, sugerencias o propuestas de modificación legal, elementos para la toma de decisiones”, agregó Gabilondo. La Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Cataluña (3.208) son las comunidades que registraron mayor número de quejas, como ya ocurrió en el informe del año pasado.

Ángel Gabilondo concluyó que “con la entrega y presentación del Informe anual 2023 no se trata solo con cumplir con una obligación, que lo es, sino que busca ser un estado de la cuestión de los derechos fundamentales a partir de las quejas recibidas y de las iniciadas de oficio, lo que constituye la experiencia de la ciudadanía y supone un verdadero termómetro de la sociedad española”.

ABUSOS SEXUALES

El informe también incluye datos sobre la labor realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (51 visitas a lugares de privación de libertad que dieron lugar a 317 recomendaciones, 283 sugerencias y 18 recordatorios de deberes legales) y explica las líneas generales del resultado del Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

Sobre los retos que se plantean para el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, el Defensor alerta de que las personas con discapacidad señalaron, entre otros asuntos, "las dificultades a las que se enfrentan para el ejercicio del derecho a una educación inclusiva" y reclamaron la eliminación de barreras para acceder a la justicia como garantía de la efectividad del resto de los derechos.

Respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), se ha incrementado en casi 1.000 el número de quejas respecto al año 2022 y sobre los casos de abuso y explotación sexual en menores tutelados el defensor critica que "estos casos no han recibido un tratamiento transparente, ordenado y sistemático".

El informe del Defensor del Pueblo destaca, así mismo, que realizó en 2023 dos nuevas visitas a Canarias, durante las cuales acudió a centros de protección de menores y mantuvo entrevistas con todos los actores implicados y que este año tiene previsto presentar un informe monográfico sobre este asunto.

Para las víctimas de violencia de género el Defensor solicita que se homogenicen los sistemas de acreditación para los servicios municipales y que se permitan los informes de acreditación de víctimas cuando son asistidas por entidades privadas para aliviar la presión sobre los servicios públicos cuando la víctima está siendo tratada por un servicio privado (servicio médico y/o psicológico) acreditado. Asimismo, reconocer la validez de cualquier documento oficial de acreditación de la condición de víctima de violencia de género para proceder al cambio de apellidos en el Registro Civil.