Son los principales datos que hizo públicos este martes la institución capitaneada por Ángel Gabilondo, que registró en las Cortes Generales el informe anual de la actividad de la institución correspondiente a 2025, del que entregó una copia a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El documento también será llevado el 9 de abril al presidente del Senado, Pedro Rollán.

Desde esta institución se atendió personalmente a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial). Como consecuencia de los expedientes tramitados se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2025 estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la justicia (12,8% del total de las quejas), la Seguridad Social y Empleo (8,1%), Migraciones (6,4%), Política Social (6,4%), Interior (5,7%), Educación (5,5%) y Sanidad (4%).

El mayor número de quejas volvió a llegar de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, las de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y Valencia (3.458).

La institución recibió 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional sobre 16 normas, de las que finalmente se interpusieron tres recursos de inconstitucionalidad: la Ley 1/2025, de 1 de abril, de desperdicio alimentario; la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana, y la Ley 3/2025, de 25 de julio, sobre Consejos Sociales del Sistema Universitario de Canarias. Precisamente, concretó que "no todo lo que nos parece mal es inconstitucional".

"Este informe no es aséptico", defendió Gabilondo, porque "refleja la coyuntura del que busca respuestas" y busca "presentar a la sociedad lo que hemos podido percibir y lo que quizás se pueda hacer para paliar situaciones injustas e inapropiadas".

Sobre el aumento de las cifras, el Defensor apuntó que "no siempre que uno se queja se tienen más razón". "Siempre me ha preocupado mucho los que no se quejan", continuó, y relacionó el incremento con "muchas causas", como el "desasosiego social o la confianza en las instituciones", que la Inteligencia Artificial "ayuda a gestionar la elaboración de informe" u otras "distintas razones".

TEMAS DESTACADOS

Además de los datos estadísticos, el informe de 2025 incorpora una selección de los asuntos destacados sobre los que ha trabajado la institución el pasado año que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; con el apoyo a las personas mayores, bien sea con motivo de las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil, o bien a propósito del acceso a la pensión de jubilación; con los problemas que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería; con el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana; con cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, o por las dificultades de su acceso al empleo público; con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; además de cuestiones relacionadas con la enseñanza, con el medio ambiente o con las devoluciones en el IRFP a mutualistas.

El informe recoge también la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP). En 2025 el MNP realizó 67 visitas a lugares de privación de libertad.