Este es uno de los temas destacados del Informe anual de la actividad de la institución en 2025, que Ángel Gabilondo entregó este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En el marco del análisis que hace el Defensor del Pueblo sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, se señala la falta de instrumentos específicos para detectar la explotación laboral, ya que el Protocolo Marco vigente está desactualizado porque “tan solo contiene indicadores circunscritos a las víctimas de trata con fines de explotación sexual”.

Por eso, el Defensor del Pueblo lamentó que la situación de las potenciales víctimas de trata con fines de explotación laboral “no ha experimentado mejoras significativas”. Además, el informe señala que España carece de un delito autónomo de trabajo forzoso, esclavitud o prácticas similares, lo cual implica lagunas en persecución penal y protección.

Asimismo, el informe recoge que la explotación laboral es mayoritariamente invisible. La Fiscalía General del Estado registró en su memoria anual de 2024 un total de 252 víctimas de trata con fines de explotación laboral. De ellas, 171 son hombres, ubicadas principalmente en el servicio doméstico y la actividad agrícola y pecuaria. Sin embargo, el Defensor advierte que estas cifras no reflejan la realidad porque otras formas de explotación “permanecen ocultas en una gran mayoría de los casos”.

El informe del Defensor del Pueblo recoge también un caso de explotación laboral de personas detectado en Albacete en noviembre de 2025. La institución inspeccionó la situación de más de 200 trabajadores de Nepal e India en un espacio de trabajo relacionado con el sector agrario, alojados en condiciones inhumanas: “Ninguno de los espacios cumplía unas mínimas condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad”.

Los trabajadores no cobraban lo prometido porque habían recibido “entre 25 y 50 euros al mes” o solo “comida y techo a cambio de su trabajo”. Tras la visita de inspección, la institución dio traslado urgente a los distintos organismos con competencias en la materia de las graves condiciones comprobadas, que afectaban a más de 100 personas, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años.

Las personas entrevistadas, todas ellas en situación documental irregular, se mostraron desorientadas e inseguras. La mayoría afirmó haber llegado en avión a distintos puntos de Europa (como Grecia y Rumanía) y desde allí a España. Varios dijeron haberse trasladado por sus propios medios desde Barcelona, mientras que otros hicieron referencia a agencias locales que gestionaban viajes desde su país de origen a las que deben hasta 12.000 euros por dichos servicios.

Ante esto, el Defensor del Pueblo está en contacto con la Fiscalía General del Estado, la Subdelegación del Gobierno en Albacete y la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, dando cuenta de las actuaciones realizadas. En síntesis, se reconoce la imposibilidad de brindar la acogida necesaria a las potenciales víctimas por la carencia de medios idóneos.

La citada subdelegación del Gobierno informó que se han concedido 182 autorizaciones de residencias hasta el pasado febrero y que se han recibido 233 informes emitidos por la Guardia Civil relativos a personas identificadas como víctimas de trata de seres humanos que han colaborado con la investigación del delito. El Defensor pidió ampliar la información facilitada, por lo que continúan abiertas las actuaciones.

En conjunto, el informe del Defensor del Pueblo alerta de la falta de recursos de acogida y protección de este tipo de víctimas y asegura que se necesitan “medidas urgentes” para abordarlo, así como aprobar ya una ley Integral contra la trata.

Al mismo tiempo, el informe subraya que para las víctimas de trata denunciar es peligroso porque temen ser expulsadas y la Fiscalía y el Defensor del Pueblo coinciden en que existen “graves dificultades prácticas para que a las personas en situación administrativa irregular se les garantice la posibilidad de denunciar sin la amenaza de un expediente sancionador o expulsión”. Por ello, la institución pide canales de denuncia segura y mayor coronación institucional ante estos delitos.