Gabilondo compareció ante el Pleno de la Cámara Alta para presentar el Informe Anual 2025 de la institución, con lo que concluye la tramitación parlamentaria de un documento que fue registrado en las Cortes Generales el pasado 24 de marzo, debatido en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo el 19 de mayo y presentado en el Pleno del Congreso el 28 de mayo.

Durante su intervención, el Defensor señaló que, en materia sanitaria, la ciudadanía "muestra una especial inquietud por la atención a la salud mental". También indicó que "las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud continuaron siendo las más numerosas".

En el ámbito de las políticas sociales, Gabilondo recordó "los problemas relacionados con los retrasos en el reconocimiento de la dependencia y las dilaciones para la valoración del grado de discapacidad, que impiden acceder a tiempo a prestaciones y servicios a personas que ya han perdido autonomía personal". Además, recordó que cuando una persona dependiente fallece antes de recibir las prestaciones reconocidas sus herederos deben ser indemnizados por las cuantías ya devengadas.

También se refirió a la situación de los centros educativos ante los episodios de calor extremo. Según explicó Gabilondo, continúan llegando "quejas por las temperaturas elevadas en las aulas escolares", lo que ha llevado a la institución a reabrir actuaciones por la falta de acondicionamiento de los centros.

Gabilondo tiene previsto reunirse este viernes con representantes de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado Francisco Giner de los Ríos, después de que esta organización solicitara un encuentro para trasladarle la falta de climatización de los centros educativos públicos madrileños.

En este ámbito educativo, Gabilondo advirtió de que la equidad y la atención integral al alumnado, conforme a los principios de normalización e inclusión, "requieren recursos suficientes" para no quedar reducidas a un “simple enunciado programático”. En este sentido, señaló que "la falta de medios personales para la atención a la diversidad sigue generando un elevado número de quejas", por lo que el Defensor insistió a las administraciones en la necesidad de reforzar estas dotaciones.

Sobre prisiones, remarcó "la grave situación de la atención sanitaria" y explicó que en 2025 la institución solicitó información sobre la cobertura de personal facultativo en los 15 centros penitenciarios con más población reclusa, donde constató la insuficiencia de médicos.

También defendió la necesidad de facilitar a las personas con discapacidad o dificultades de movilidad el acceso a las visitas a familiares internos en centros penitenciarios. Asimismo, pidió revisar los protocolos de cacheo y control aplicados a quienes acuden a visitar a personas reclusas.

Además, el Defensor solicitó al Senado que pida a la administraciones que "dimensionen adecuadamente la figura del coordinador de bienestar" creada por la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, con el objetivo de "actuar frente al acoso escolar".

RETRASOS JUDICIALES Y MAYORES

Gabilondo volvió a aludir a asuntos que persisten en el tiempo y no acaban de resolverse, como las dilaciones judiciales, las homologaciones pendientes de títulos extranjeros y los retrasos en los expedientes de nacionalidad. También abundaron la quejas sobre la atención mediante cita previa en distintos ámbitos administrativos y la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios.

En materia de Justicia, aseguró que "las dilaciones judiciales figuran entre las mayores preocupaciones ciudadanas", especialmente para las personas de mayor edad, casos en los que se puede llegar a producir la paradoja de que las sentencias llegan cuando los afectados ya han fallecido; y defendió la necesidad de una “mayor estabilidad de personal y mecanismos procesales para mejorar la capacidad de resolución”.

El Defensor también repasó otros asuntos que ocuparon el trabajo de la institución en 2025, entre ellos la protección de menores, el apoyo a las personas mayores, las dificultades de los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería. Asimismo, el "trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana, las dificultades de las personas con discapacidad para acceder al empleo público", y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las devoluciones en el IRPF a mutualistas, la educación y la conservación del medio ambiente y los espacios naturales.

Por último, el informe alerta de que el reintegro de prestaciones cobradas indebidamente puede tener efectos desproporcionados cuando esas ayudas estaban destinadas a cubrir necesidades básicas, especialmente si la tramitación fue confusa o lenta y la persona beneficiaria actuó de buena fe. El Defensor adviertió de que estos casos "pueden agravar la vulnerabilidad de personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión".

ACCESO A LA VIVIENDA

Gabilondo se refirió a la vivienda como un asunto “crucial” para la sociedad española y advirtió de que las quejas recibidas reflejan "un grave problema de acceso por el fuerte aumento de los precios de compra y alquiler, muy por encima del crecimiento de los salarios". Señaló que esta situación afecta especialmente a jóvenes, personas con bajos ingresos y familias vulnerables, y se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas por el impacto del alquiler turístico sobre la oferta disponible. Ante ello, el Defensor reclamó una respuesta estructural y coordinada entre administraciones para garantizar un derecho reconocido en la Constitución, con más vivienda pública y social hasta alcanzar al menos la media europea, más vivienda protegida en alquiler asequible, mejor gestión de las ayudas y límites al alquiler turístico.