Así lo defendió en un comunicado en el que pidió a la Comisión que responda a las conclusiones de la investigación preliminar sobre la “falta de transparencia” en sus “interacciones” con dichos grupos de presión y explicó que, tras un “examen detallado” de los documentos relativos a las reuniones de la Comisión con representantes de la industria tabacalera en 2020 y 2021, ha identificado “varios problemas de transparencia”.

En concreto, la investigación muestra que “numerosos” departamentos de la Comisión mantuvieron reuniones con representantes del tabaco en este período, pero la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria fue el “único” que publica “de manera proactiva” registros de todas esas reuniones con sus funcionarios, “independientemente de su grado de antigüedad”.

Por su parte, otros departamentos, como Impuestos e Impuestos Especiales, Comercio, Mercado Interior y Acción por el Clima, publican “de forma proactiva solo las reuniones con altos funcionarios o comisarios”. “Los que tenían lugar en niveles inferiores no se hicieron públicos de manera proactiva”, denunció O'Reilly, para quien esto “muestra” que el “enfoque del cabildeo del tabaco no ha cambiado” desde la última investigación del Defensor del Pueblo, en 2016.

En este punto, recordó que en 2004 la UE firmó el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) y que los firmantes “están obligados a limitar sus interacciones con la industria tabacalera y hacer que esas interacciones sean transparentes”.

La investigación también encuentra que la Comisión “no levantó actas de todas las reuniones que tuvieron lugar en 2020 y 2021”, razón por la cual la Defensora del Pueblo se preguntó “cómo puede la Comisión asegurar al público que sus interacciones no socavan las políticas de salud pública, como se requiere por el CMCT, si no existen actas que detallen lo que realmente sucedió en esas reuniones”.

A este respecto, exigió a la Comisión que “explique cómo evalúa la necesidad de reunirse con los grupos de presión del tabaco”, ya que la investigación mostró que tales evaluaciones “no se realizan de forma sistemática”.

En este sentido, subrayó que el CMCT establece que las interacciones con la industria tabacalera “deben tener lugar solo cuando sea estrictamente necesario desde un punto de vista regulatorio”.

La opinión preliminar de la Defensora del Pueblo es que el hecho de que la Comisión “en su conjunto no publique de manera proactiva los detalles de sus reuniones” supone una práctica de “mala administración”, al igual que “no llevar actas de todas esas reuniones”.

Por todo ello, pidió a la Comisión que “responda a sus conclusiones preliminares” para mediados de julio de 2023.

Esta investigación es una continuación de una investigación de 2016, que encontró “mala administración” a la luz de la “negativa” de la Comisión a aplicar la política de transparencia proactiva de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria en todos sus departamentos.