Esta petición es una de las principales conclusiones de la declaración institucional adoptada en las jornadas que, bajo el lema 'La vulnerabilidad en las aulas', reunieron ayer y hoy al Defensor del Pueblo de España y a los comisionados autonómicos.

En el encuentro participaron el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; la Síndic de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas; la Diputada del Común de Canarias, María Dolores Padrón; el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna; el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera; y la Ararteko en funciones, Inés Ibáñez de Maeztu.

El manifiesto firmado por los defensores recuerda que la educación es "un bien público determinante para reducir las desigualdades entre las personas y favorecer el progreso social, económico, y cultural". Por este motivo, reclamaron a los poderes públicos competentes que proporcionen a los centros educativos los recursos necesarios, tanto personales como materiales, especialmente de profesorado y profesionales con formación especializada.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES

Los comisionados pidieron mejorar la detección y atención temprana a los niños con necesidades especiales y distribuir de manera equilibrada el alumnado en situación de vulnerabilidad en los procesos de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos. También solicitaron garantizar el acceso a todas las etapas educativas a los menores extranjeros en situación administrativa irregular.

De igual modo, instaron a atender la singularidad y las dificultades que presenta la educación en el ámbito rural, ofertar suficientes plazas de calidad para la población infantil de 0 a 3 años y promover su gratuidad. Estas medidas buscan reducir las desigualdades educativas en diferentes contextos socioeconómicos.

Ante el aumento cuantitativo del riesgo suicida y de su complejidad, los defensores pidieron a las administraciones públicas que promuevan las actuaciones necesarias para prevenir los problemas de salud mental que padecen adolescentes y jóvenes. Consideraron fundamental extremar este objetivo en los ámbitos educativos, sanitario y social.

TECNOLOGÍA E IGUALDAD

Respecto al uso de la tecnología en las aulas, los defensores señalaron que su implementación nunca puede vulnerar el principio de igualdad en el derecho a la educación. Llamaron a las administraciones educativas a garantizar que todo el alumnado tenga igualdad de oportunidades de aprendizaje sin importar su origen, género o situación económica.

Sobre la progresiva implantación de la inteligencia artificial en las aulas, consideraron que debe abordarse "con las debidas garantías y el respeto a los derechos humanos". Advirtieron que esta tecnología debe producir utilidades sin generar impactos negativos sobre el bienestar de la infancia y la adolescencia a corto o largo plazo.

Las jornadas de coordinación contaron con la participación de expertos en educación y técnicos de las defensorías que abordaron diversos asuntos relacionados con la vulnerabilidad educativa. Entre los temas tratados figuraron el acoso y soledad en la infancia, cómo educar en la empatía y las claves para una escuela más humana e inclusiva.

Los participantes también analizaron la equidad educativa en entornos socioeconómicos desfavorecidos y la respuesta de las administraciones a la vulnerabilidad en el entorno educativo. Estos debates permitieron identificar los principales retos que enfrentan los sistemas educativos para garantizar una educación inclusiva y de calidad.

Finalmente, los defensores subrayaron la importancia de coordinar esfuerzos entre las diferentes administraciones para abordar de manera integral los problemas que afectan a la comunidad educativa. Destacaron que solo mediante un trabajo conjunto será posible crear entornos educativos seguros y equitativos para todos los estudiantes.