Si se excluye el impacto de la dana, cifrado en febrero en 37 millones de euros, el déficit quedaría en 13.402 millones de euros, un 1,3% menos que el año anterior. En peso sobre el PIB, seguiría en el 0,76%.

El déficit de la Administración Central al cierre de febrero fue de 14.526 millones de euros, el equivalente al 0,83% del PIB. En comparación con febrero del año anterior, se incrementó un 0,4%.

Del déficit de la Administración Central, 13.205 millones de euros se correspondieron con el déficit del Estado y otros 1.321 con los organismos de la Administración Central.

Por su parte, las comunidades autónomas registraron un déficit de 2.234 millones de euros, un 32% menos que el año anterior, y se situó en el 0,13% del PIB.

La Administración Regional registró un déficit de 2.569 millones de euros, un 0,15% del PIB, inferior en un 29,5% al déficit de 3.645 alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

Hacienda explicó que esta mejora se debió a un aumento de los ingresos no financieros del 10%, hasta 39.264 millones, que superó en 3,5 puntos porcentuales el crecimiento del gasto. Este se situó en el 6,5%, hasta 41.498 millones.

Los impuestos crecieron un 11,2%, hasta 16.255 millones, y representan el 41,4% del total de los ingresos. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzaron los 3.782 millones, con un avance del 7%. Esta variación se debió al aumento de la recaudación del ITP y AJD en un 12,7%, hasta 2.266 millones.

Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y el patrimonio se incrementaron un 12,7%, hasta 11.977 millones. De esos, 11.380 millones correspondía a entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un repunte del 13,1%. Los impuestos sobre el capital alcanzan 496 millones, con un avance del 7,4%.

Las transferencias recibidas, corrientes y de capital, de otras Administraciones Públicas quedaron en 19.891 millones, un 9,2% más que en 2025. Del importe de 2026, la mayoría, 16.755 millones, se recibió del Estado, como informó Hacienda. De ellos, 15.343 millones correspondían a entregas a cuenta, un 10,7% más que en 2025. El resto de recursos se situó en 3.039 millones, con un aumento del 9,7%.

Por la parte de los gastos, la remuneración de asalariados se llevó 17.341 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior, como consecuencia de “la subida salarial de la parte fija del 1,5% establecida para 2026” para los trabajadores públicos.

Los consumos intermedios aumentaron un 0,9%, hasta 7.310 millones; los intereses avanzaron un 5,6%, hasta 1.240 millones; y las subvenciones crecieron un 58,3%, hasta los 825 millones, por el avance de las subvenciones a los productos.

Las transferencias sociales en especie repuntaron un 3,5%, hasta 6.032 millones. Esto incluye el gasto en farmacia, con un incremento del 2,6%, hasta 2.417 millones; los conciertos de asistencia sanitaria, con un descenso del 3,2%, hasta 1.001 millones; y los conciertos educativos, con un aumento del 9,3%, hasta 1.502 millones.

Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se elevaron un 14,0%, hasta 873 millones, y la inversión alcanza 3.244 millones, con un crecimiento del 0,4%.

Los Fondos de la Seguridad registraron a finales de febrero un superávit de 3.321 millones, un 38,4% más que hace un año. En términos de PIB, el superávit se situó en el 0,19%.

Esta evolución respondió al avance de los ingresos no financieros en un 8,2%, hasta 44.842 millones, superior en 1,8 puntos porcentuales al incremento de los empleos, que crecieron un 6,4%, hasta 41.521 millones. Las cotizaciones sociales ascendieron a 37.446 millones, un 10,5% más interanual, y representaron el 83,5% de los recursos.

Entre los principales cambios normativos y actualizaciones en materia de Seguridad Social y empleo para 2026, Hacienda recordó el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.221 euros al mes, “con la consiguiente elevación de las bases mínimas”. Por su parte, las pensiones se revalorizaron un 2,7% con carácter general, y en un 11,4% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Este 2026, también se actualizó la actualización del tope máximo de las bases de cotización en el mismo porcentaje que la revalorización de las pensiones contributivas, incrementado en una cuantía fija de 1,2 puntos; se aumentó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta el 0,9%; y se incrementaron los tipos aplicables a la cuota adicional de solidaridad para salarios que superan la base máxima de cotización.

Dentro de los Fondos de la Seguridad Social, el Sistema de Seguridad Social registró en febrero un superávit de 2.366 millones, un 27% superior al de 2025, con 1.863 millones. Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) obtuvo un superávit de 944 millones. Fogasa registró un déficit de 39 millones, frente al superávit de 74 millones registrado en el mismo periodo de 2025.

DÉFICIT DEL ESTADO HASTA MARZO

Hasta el marzo de 2026, el Estado registró un déficit equivalente al 0,22% del PIB, con una necesidad de financiación de 3.944 millones. Si de la cifra de déficit se descuentan los intereses, se obtiene el saldo primario. A finales del primer trimestre de 2026, este fue de 4.015 millones, equivalente al 0,23% del PIB.

Los recursos no financieros del Estado ascendieron un 4,4%, hasta los 72.157 millones. Los impuestos alcanzaron los 62.474 millones, el 86,6% del total de los recursos, y crecieron un 5,4%.

Dentro de los ingresos tributarios, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentaron un 4,8%, hasta 39.669 millones. De ellos, 31.855 millones correspondían al IVA, con un crecimiento del 4,9% respecto al mismo periodo de 2025.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzaron los 22.728 millones, un 6,4% más que en el periodo anterior. De este importe, 19.443 millones correspondían al IRPF, con un aumento del 4,3%; 1.345 millones al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con un incremento del 8,2%; y 1.370 millones al Impuesto sobre Sociedades.

Como novedad de 2026, en febrero se efectuó el pago fraccionado del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 543 millones. En 2025, año de entrada en vigor de esta figura, el pago fraccionado se efectuó en junio.

Los impuestos sobre el capital se situaron en 77 millones, frente a los 39 millones de 2025, por autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones efectuadas por no residentes. Por su parte, las cotizaciones sociales alcanzaron 1.359 millones.

Las rentas de la propiedad repuntaron un 21,2%, hasta los 2.027 millones, gracias a los mayores ingresos por intereses. Asimismo, en estos tres primeros meses se produjo el ingreso de un dividendo del Banco de España por importe de 211 millones, correspondiente al 90% de los beneficios de 2025.

Los recursos no financieros del Estado se situaron en 76.101 millones, con un aumento del 5,6% respecto a marzo de 2025. La partida de mayor volumen fueron las transferencias entre Administraciones Públicas, que representaron el 59,5% del gasto total, con 45.273 millones y un incremento del 3,3%.

Por un lado, los Organismos de la Administración Central recibieron 2.561 millones, y la Administración Regional, 26.763 millones. Del total de estas transferencias, 23.597 millones correspondían al sistema de financiación, de los que 22.997 millones fueron entregas a cuenta y 600 millones, anticipos de los recursos del sistema de financiación.

Las transferencias a las Comunidades Autónomas realizadas al margen del sistema de financiación se dispararon un 62,5%, hasta los 3.166 millones de euros. Este aumento se debió a que en marzo se ha transferido a las Comunidades Autónomas la recaudación de 2025 del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 1.473 millones.

A su vez, la Administración Local recibió 6.178 millones, un 15,9% menos que en 2025. Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social obtuvieron 9.771 millones de euros.

Los intereses ascendieron a 7.959 millones, con un incremento del 4,6%, y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, que alcanzaron 5.569 millones, un 5,7% más. La remuneración de asalariados ascendió a 5.324 millones, con un crecimiento del 6,8%.