Así lo afirmó después de que la Comunidad de Madrid reclamase hoy a la Delegación de Gobierno la activación inmediata del retorno de 110 menores no acompañados y el cumplimiento de sus competencias.

Martín trasladó que la Delegación del Gobierno en Madrid “no ha recibido por cauces oficiales” la información adicional que la Comunidad de Madrid ha anunciado públicamente que iba a remitir en relación con estos expedientes.

Por ello, remarcó que “no existe bloqueo o inacción” por parte del Gobierno de España, sino que “se trata de una afirmación irresponsable y políticamente interesada”, con la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “pretende ocultar sus propias responsabilidades con los menores que se encuentran bajo su tutela”.

El delegado reiteró que, desde la recepción de las solicitudes formuladas por la Comunidad de Madrid, la Delegación “ha venido desarrollando las actuaciones previstas en la normativa vigente, con arreglo a la Ley Orgánica 4/2000 y al Real Decreto 1155/2024”, que regula el procedimiento aplicable a estos supuestos. Por ello, “no existe bloqueo, existe cumplimiento de la ley y defensa del interés superior del menor”, aseveró.

Martín señaló que la expulsión de un menor extranjero no acompañado “no puede acordarse de manera automática e inmediata, como pretende hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ya que “la legislación exige una tramitación individualizada, siempre con garantías y basada en el interés superior del menor”.

De este modo, las decisiones que se tomen “tienen que estar sustentadas en informes preceptivos que permitan valorar adecuadamente la situación personal, familiar y social de cada menor, así como las condiciones reales de retorno”.

En este sentido, recordó que la Delegación del Gobierno ya comunicó al Gobierno de la Comunidad de Madrid que había iniciado los trámites correspondientes y que había solicitado, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, los informes de las representaciones diplomáticas de los países de origen de los menores. “Sin esos informes, no puede adoptarse una decisión con las garantías que exige la ley”, apostilló.

Por tanto, “resulta profundamente grave presentar como una supuesta ‘inacción’ lo que, en realidad, es el cumplimiento estricto de las garantías legales que protegen a los menores”, comentó Martín, quien añadió que la Delegación del Gobierno “no hará de la protección de la infancia un instrumento de confrontación institucional, como pretende el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

A este respeto, insistió en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “es la Administración competente en materia de protección y tutela de los menores que se encuentran bajo su guarda”, por lo que “es exigible que ejerza plenamente sus responsabilidades de atención e integración, con humanidad y sentido común”.

Por último, indicó que la Delegación del Gobierno en Madrid “seguirá actuando con absoluta lealtad institucional, rigor jurídico y pleno respeto al interés superior del menor”, que “debe prevalecer siempre por encima de cualquier estrategia partidista o amenaza judicial del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. “Son niños, niñas y adolescentes bajo protección y cualquier decisión que les afecte se tomará con garantías y respeto a la ley”, concluyó el delegado.