Con esa nota, el Ministerio Público desmentían noticias de prensa publicadas en las que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de Díaz Ayuso, investigado por dos delitos fiscales.

El comunicado de la Fiscalía hacía una cronología de las comunicaciones entre la defensa de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto y hacía referencia al contenido de los correos que se intercambiaron.

Preguntado por la gestión del móvil y de los correos electrónicos por parte del fiscal general, Hidalgo aseguró que los fiscales pueden utilizar los medios telemáticos facilitados por la Fiscalía y también todos aquellos privados, tales como Gmail o Whatsapp, que consideran oportunos puesto que muchas veces "ofrecen incluso más seguridad que los de la Fiscalía".

El fiscal indicó que no fue informado, porque no era preceptivo, del cambio de móvil del fiscal general ni de la eliminación de la cuenta de Gmail a la que le enviaron los correos que se intercambiaron la defensa de González Amador y el fiscal Salto sobre un posible acuerdo de conformidad.

García Ortiz pidió esos datos “jurisdiccionales" la noche del 13 de marzo de 2024 con el objetivo de elaborar una nota de prensa que sirviera para desmentir las noticias falsas que aseguraban que fue la Fiscalía la que había propuesto un acuerdo en virtud del ual la pareja de Ayuso reconocía dos delitos fiscales.

Preguntado por si el fiscal general está obligado devolver el terminal antiguo cuando se le sustituye, Hidaldo respondió que “la Instrucción sobre Protección de Datos dice que se puede devolver y también se puede destruir el móvil o documentación”.

Y añadió que “todos los que disponemos de dispositivos proporcionados por la Administración prestacional somos usuarios, pero, lo que es más importante, somos responsables de los datos que contienen y tenemos que cuidar de su protección, de la confidencialidad de los datos. Si el usuario no confía en que esos datos personales no vayan a ser borrados adecuadamente o suprimidos tiene la facultad de destruir los dispositivos”.

Agustín Hidalgo insistió en que d“a falta de un protocolo claro de borrado o eliminación de los datos”, los titulares de dispositivos móviles de la Fiscalía tienen la “facultad” de borrar sus móviles para proteger la información ya que es mucho más valiosa que “el dispositivo que va a ser desechado”.

Reconoció que en el Ministerio Público no hay en protocolo claro de eliminación de los datos, por lo que es el usuario el que “debe ser responsable y garantizar” la protección de los datos contenidos en el dispositivo.