El Grupo Socialista ha propuesto a los demás partidos una nuva redacción de las prohibiciones en las que se introducen aquellas personas o empresas condenadas "por delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo o por delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo".

Según la enmienda pactada, tampoco podrán tener relaciones contractuales con la Administración las personas físicas o jurídicas que hayan "sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave que haya ocasionado daños a la salud de los trabajadores como consecuencia del incumplmiento de obligaciones en materia de seguridad y salud laboral previstas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales".

Además, la nueva redacción contempla ampliar de cinco a ocho años el periodo de vigencia de la prohibición en determinados casos.

La actitud del PP ha sorprendido "un poco" a Mayoral porque inicialmente parecía que aceptaban la propuesta socialista. Según el portavoz socialista, los demás partidos aceptan la inclusión del "delito social" en el proyecto de ley, aunque hata el próximo martes, cuando se vote este punto, no se confirmará.