Esta organización salió así al paso de forma implícita a las críticas que se están vertiendo contra el uso del PSOE del efectivo para abonar gastos a representantes de la formación política y desvinculó esta práctica con el hecho de que se pueda investigar o no una presunta financiación ilegal.

“Como cualquier otro instrumento financiero, es neutral por naturaleza: lo relevante no es el medio de pago, sino el uso que se haga de él. En consecuencia, solo quien emplea el dinero de forma fraudulenta es responsable de infringir la ley”, argumentó Denaria.

En este sentido, indicó que “todos aquellos culpables de uso fraudulento del efectivo deben afrontar sus responsabilidades legales independientemente de su situación, afiliación o empleo”.

Además, alertó de que las “restricciones desproporcionadas” al uso del efectivo han contribuido a generar un “estigma injustificado” hacia un medio de pago “legítimo, seguro e inclusivo”. En particular, señaló que el límite de 1.000 euros impuesto en España —muy por debajo de los 10.000 euros que recomienda el Banco Central Europeo— ha fomentado una “sospecha infundada” sobre quienes optan por pagar o cobrar en metálico.

Por ello, Denaria reiteró su llamamiento a eliminar el límite actual de pagos en efectivo, ya que cuanto más bajo es el umbral permitido, mayor es el riesgo de empujar las transacciones hacia canales opacos y menos trazables, precisamente lo contrario de lo que se pretende combatir.

“El efectivo no es el problema: es una garantía de libertad, privacidad y seguridad económica. Defender su uso responsable es defender el derecho de todos los ciudadanos a elegir cómo desean pagar”, concluyó Denaria.