Así lo desvela un informe sobre los precios y servicios de 60 agencias en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que revela también que las comisiones de las agencias inmobiliarias pueden contribuir a elevar los precios hasta un 6% y apunta a “importantes deficiencias” en la transparencia de sus servicios y, en algunos casos, un “incumplimiento claro de la legislación vigente”, según precisó la organización en un comunicado.

El estudio también revela prácticas “contrarias” a los intereses del propietario, que pueden “dificultar o retrasar la venta”, como la falta de información clave, dado que solo cinco de las 60 agencias sondeadas facilitan un modelo del contrato de encargo en la primera petición de información y algunas “no concretan cuándo hay que pagar la comisión, que además suele anunciarse sin el 21% de IVA”.

“Tampoco es completa la información que se ofrece a los posibles compradores”, aseveró la organización, al tiempo que indicó que es “habitual que falte el certificado energético, por ejemplo”.

Asimismo, denunció la insistencia en firmar encargos en exclusiva por tres o seis meses, lo que puede obligar al propietario a pagar honorarios incluso si la agencia no interviene en la venta.

GRANDES CIUDADES

A su vez, en Madrid, todas las agencias sondeadas “sobrevaloraron” los inmuebles entre un 5% y un 10% según las estimaciones de OCU, mientras en Barcelona se “ajustaron más” y en Sevilla “tendieron a infravalorar”, si bien en estas dos últimas ciudades suele cobrarse otra comisión al comprador o una cantidad fija.

Además, el estudio de OCU “evidencia” que España “carece” de una normativa “homogénea” sobre la intermediación inmobiliaria, pues, mientras que comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares exigen a las agencias un registro obligatorio y un seguro de responsabilidad civil, otras no cuentan con mecanismos de control similares y en Andalucía está prevista la aprobación de un reglamento a lo largo de este año.

Por otra parte, pese a que la Ley Estatal de Vivienda y otros decretos obligan a proporcionar información detallada sobre el inmueble, condiciones económicas y etiqueta energética, esta información “sigue ausente en numerosos anuncios y visitas comerciales”, según la OCU.

En este contexto, exigió “medidas urgentes para proteger a consumidores”, como, en primer lugar, el derecho a contar con una información básica sobre los costes y servicios de la agencia, la exigencia de un registro obligatorio para los agentes inmobiliarios, unos mínimos de idoneidad para ejercer la actividad y un seguro de responsabilidad civil.

Por último, reclamó un control administrativo sobre los anuncios para “confirmar” que solo se ofrecen viviendas con una hoja de encargo ya firmada por el propietario y que el precio incluye el importe total que pagará el comprador, incluidos los gastos de la agencia si los hubiera.