Según informó el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con la información remitida por las comunidades y ciudades autónomas, durante el pasado año se realizaron 565 prestaciones de ayuda para morir, el 0,13% de los fallecimientos totales registrados en España, equivalente a un caso por cada 750 decesos.

Desde la entrada en vigor de la ley, hace cinco años, 1.668 personas ejercieron este derecho en España. El balance provisional reflejó también un aumento sostenido de las solicitudes: en total, se registraron 3.716 solicitudes de ayuda para morir, 1.284 de ellas en 2025.

La distribución territorial de las solicitudes mostró diferencias entre comunidades autónomas. Cataluña registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 2,61.

Tras Cataluña, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en el País Vasco, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Illes Balears, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66.

PERFIL CLÍNICO

El balance provisional mostró también diferencias entre las patologías que motivan las solicitudes iniciales y aquellas asociadas a las prestaciones finalmente realizadas. Aunque las patologías oncológicas concentraron el mayor número de solicitudes iniciales, con el 37% del total, las enfermedades neurológicas fueron la causa principal en las prestaciones efectivas, con el 46%.

Entre las 1.284 solicitudes registradas, las patologías neurológicas representaron el 31%, por detrás de las oncológicas. Sin embargo, esta distribución se invirtió entre las personas que finalmente reciben la prestación: las enfermedades neurológicas ascendieron al 46%, mientras que las patologías oncológicas se situaron en torno al 30%.

En 2025 finalizaron 1.187 procesos relativos a la prestación de ayuda para morir, es decir, solicitudes cuyo desenlace se produjo durante el año, con independencia de la fecha en la que se hubieran iniciado. Del total, 565 concluyeron con la realización de la prestación, lo que supone el 47,7%.

El fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación fue el desenlace de 374 procesos, el 31,5% del total. En estos casos, el 61% correspondió a patologías oncológicas.

EMISIÓN DEL INFORME

La mayoría de estos fallecimientos, 277, se produjeron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.

Los 97 fallecimientos restantes tuvieron lugar una vez emitido el informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación. En estos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero falleció antes de que esta se llevara a cabo. En este grupo, el tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días y la mediana de 69 días.

Además, 157 solicitudes concluyeron con una denegación, el 13,2% de los procesos finalizados. La mayoría de ellas, el 77%, se produjo al inicio del procedimiento por parte del médico responsable. Por último, 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud, lo que representa el 8% del total.

La prestación en España se mantiene en niveles significativamente inferiores a los de otros países con marcos legales similares. Mientras que en España la tasa de mortalidad por ayuda para morir es del 0,13 %, en Países Bajos alcanza el 5,96 %, en Canadá el 5,10 % y en Bélgica el 4 %. Esa diferencia también se refleja en el volumen de prestaciones: 565 en España en 2025, frente a 16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entró en vigor en 2021 y reconoció por primera vez en España el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir en los supuestos previstos por la norma, dentro de un procedimiento garantista y supervisado. La jornada institucional celebrada por el Ministerio ha reunido a representantes institucionales, profesionales y personas expertas para hacer balance de la aplicación de la ley y seguir avanzando en el desarrollo efectivo de este derecho en todo el territorio.