Así lo confirma un estudio presentado en Bruselas durante una mesa redonda organizada por la Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) y Euroconsumers, que reunió a responsables políticos europeos, académicos independientes y representantes de asociaciones de consumidores en pleno debate sobre una posible revisión de esta normativa comunitaria, según precisó este martes la asociación en un comunicado.

Esta investigación indica que los vuelos cubiertos por la CE261 tienen un “riesgo significativamente menor” de sufrir retrasos de tres horas o más en comparación con vuelos similares que no están sujetos a la normativa europea.

“Este efecto no solo beneficia a los pasajeros, sino que también modifica el comportamiento de las aerolíneas, incentivando una planificación más eficiente y una reducción de cancelaciones y retrasos”, abundó la asociación.

Además, el coste total de la normativa es relativamente bajo para las aerolíneas, dado que, incluyendo compensaciones, asistencia y costes de indemnizaciones, el impacto por pasajero es de aproximadamente 1,50 euros, lo que, para la asociación, “contradice la percepción de la industria de que el reglamento representa una carga económica significativa”.

INDUSTRIA

En este contexto, Eric Napoli, de la Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA), rechazó las afirmaciones de la industria sobre los aumentos de costes que ha sufrido el sector y advirtió de que podrían crecer “drásticamente en caso de que los retrasos prolongados continúen aumentando”, tal y como apuntó la asociación.

Por su parte, la responsable de políticas de Euroconsumers, Olivia Brown, señaló que, a pesar de la protección actual, la interrupción suele costar al pasajero más que la indemnización económica que recibe.

“Debilitar la CE261 supondría un retroceso en los derechos de los consumidores, un aumento de retrasos y cancelaciones, y un riesgo para la reputación de Europa como referente mundial en protección de pasajeros”, aseveró la asociación.