Así lo aseveró la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en el transcurso de una entrevista concedida a Servimedia en la que defendió que, “desde luego, es algo que se puede y debe trabajar desde este Ministerio”, si bien estimó que, “aunque sea una cuestión de Derechos Sociales, de Bienestar Social”, la “compenetración e implicación” de otros departamentos ministeriales “en las cuestiones sociales” resulta “fundamental para avanzar”.

Junto a ello, entre otros retos planteados por el gabinete de Pablo Bustinduy, también destacó la lucha contra la pobreza, área en torno a la cual quiso hacer “una lectura un poco más detallada de los datos” proporcionados por la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y según los cuales el 26,5% de la población residente en España estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023.

En este contexto, reivindicó que España “continúa reduciendo la desigualdad y la diferencia entre los hogares y familias con mayores ingresos y los de menores ingresos es de las más bajas de los últimos años”. “Los ingresos de las familias más vulnerables también se han incrementado y también las familias con menos ingresos acceden o trabajan más de lo que venían trabajando”, abundó.

Sin embargo, lamentó que las cifras de lo que se conoce como pobreza material “son más altas”. “Es decir, parte de los indicadores de vulnerabilidad han mejorado, pero las familias pueden comprar menos”, apostilló.

LA EXPLICACIÓN

En este punto, manifestó que la “explicación” a esta circunstancia está en que “cada vez las familias dedican más renta al alquiler, a la vivienda” y, por otra parte, en que la inflación de los últimos dos años “ha hecho que sea mucho más difícil acceder a bienes y a servicios básicos”.

A este respecto, afirmó que las políticas de lucha contra la pobreza “deben ir más allá de las prestaciones sociales y tienen que incluir otros Ministerios, otras políticas”. “Y aquí la política de vivienda es una cuestión fundamental”, advirtió, al tiempo que urgió a “conseguir” que los alquileres “bajen” y que las familias “dediquen menos renta a la vivienda para que puedan, efectivamente, cubrir otras necesidades”.

En paralelo, abogó por “mejorar” todo el sistema de protección social de rentas mínimas “para que llegue a más familias”. “Porque esa puede ser otra explicación, que hay familias a las que no está llegando, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, concluyó.

SINHOGARISMO

Por último, en relación con la Estrategia Nacional para luchar contra el sinhogarismo, aprobada durante la pasada legislatura, Martínez sostuvo que el Gobierno de España también fue “muy activo” en el marco de la Presidencia del Consejo de la UE el pasado semestre, en el que se impulsó una declaración de la Unión Europea “en este sentido”.

Tras puntualizar que se trata de “una temática que cada vez preocupa más y de la que se es más consciente”, recordó que, a través del plan de recuperación, en España se están implementando proyectos de innovación social que, a su juicio, “están demostrando y generando evidencias de cómo hay políticas alternativas que pueden ayudar, en muy poco tiempo, a las personas en situación de calle a mejorar sus vidas”, en referencia al modelo Housing First, cuya filosofía es, a su entender, “primero poner una casa, con políticas de acompañamiento”.

Por todo ello, consideró que en este ámbito “hay un reto bonito” y que el Gobierno “no puede mirar a otro lado”.