Así lo anunció el gabinete liderado por Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que este convenio, firmado por el ministro y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, actualiza el de 2021 y tendrá una vigencia de cinco años.

El acuerdo suscrito por el departamento que dirige Bustinduy fomenta la participación del Tercer Sector en el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social y se articula en tres ejes principales de colaboración, como son interlocución institucional y participación social, estabilidad y sostenibilidad de la financiación e impulso normativo y desarrollo legislativo.

En este sentido, el texto refleja el “compromiso” de Derechos Sociales para “mantener canales de trabajo compartido, diálogo y colaboración” con la Plataforma del Tercer Sector en el desarrollo de los contenidos que forman parte de la agenda social y las políticas públicas desplegadas por el ministerio, además de trabajar conjuntamente para “dotar de recursos y de estabilidad” al sector a través de iniciativas estatales y europeas.

COMPROMISOS

El acuerdo también recoge el compromiso de continuar impulsando el desarrollo reglamentario de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, así como avanzar en una agenda legislativa compartida en materia de derechos sociales que refuerce la equidad y la protección del Estado, reconociendo al Tercer Sector como un “actor clave para la cohesión social y defensa del interés general”.

Tras la rúbrica, la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, subrayó que con este acuerdo “se refuerza un modelo de gobernanza compartida que reconoce la experiencia y el compromiso del Tercer Sector en la definición de las políticas públicas”, convencida de que “no hay justicia social sin participación social”.