Según informó este lunes el Instituto Armado, en la 'operación Injini' han sido detenidas 25 personas físicas e investigadas otras 5 jurídicas por este entramado delictivo con sede en Madrid y ramificaciones en varias provincias españolas.

El entramado criminal adquiría motos y ciclomotores dados de baja a precios muy bajos, eliminaba sus números de identificación y los exportaba como vehículos de segunda mano, sorteando los controles medioambientales.

Los residuos eran exportados ilegalmente como vehículos de segunda mano a países africanos y a Italia, Portugal y Polonia. Estos movimientos se hacían sin cumplir la normativa sobre gestión de desechos.

De este modo, la organización desarticulada obtenía elevados beneficios, superiores al medio millón de euros solo en el periodo investigado, según detalla la Benemérita.

La trama contaba con una estructura jerarquizada que coordinaba las actividades irregulares y una contabilidad doble para ocultar parte de los beneficios, agrega la Guardia Civil.

IRREGULARIDADES LABORALES

La red también ha sido investigada por delitos contra los derechos de los trabajadores, al emplear a operarios sin contrato y con condiciones irregulares.

En los registros se ha intervenido abundante documentación y dinero en efectivo, así como armas y municiones.

La empresa implicada en la trama contaba con autorización para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil, pero no cumplía con la normativa ambiental, según detalla la Benemérita. Los residuos peligrosos se almacenaban irregularmente en parcelas no autorizadas por períodos superiores a lo permitido.