La investigación, bautizada como operación ‘Guanxi’, se inició a finales de 2021 por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, centrada en el esclarecimiento de varios ilícitos relacionados con movimiento de fondos y blanqueo de capitales.

Según informó la Guardia Civil, la complejidad, especificidad y carácter transnacional de los hechos investigados ha hecho necesario que la investigación se prolongase más de dos años y que haya requerido una implicación y cooperación internacional intensa. En concreto ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y ha sido coordinada por Europol y Eurojust.

La organización estaba especializada en la centralización, disposición, gestión y transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo. Por un lado, utilizaban la cobertura de un amplio entramado societario apoyado en una actividad comercial real de importación de mercancías procedentes de China para su posterior venta y distribución en varios países de la Unión Europea. En España, el núcleo principal de mercantiles investigadas se ubica en el conocido polígono de Cobo Calleja de la localidad de Fuenlabrada (Madrid).

Es precisamente en los locales de venta al público de Cobo Calleja donde presuntamente se iniciaba el proceso de generación de dinero en efectivo no declarado, tanto por la venta de la mercancía que entraba en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, como por la venta de productos falsificados.

SALIDA DE EFECTIVO

Otra parte de la organización era la encargada de recoger el efectivo y custodiarlo, para lo que utilizaban diferentes guarderías. Seguidamente, entregaban el dinero a otros grupos, cuya función principal era extraer el dinero fuera de España, entre los cuales, además de ciudadanos chinos, se han identificado varios ciudadanos de origen ucraniano.

En la extracción de capital han sido detectados dos canales, uno por vía terrestre, con una cadencia estimada de dos millones de euros semanales, y otro por vía aérea, con una estimación que superaría el millón de euros por semana.

De este modo, a lo largo de la investigación, la Unidad Central Operativa ha conseguido intervenir más de 3,2 millones de euros en España y más de dos millones de euros en otros países.

Como resultado de las pesquisas se han realizado actuaciones en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Albacete, Cuenca, Toledo y Valladolid. Por el momento, un total de 13 personas de nacionalidad china, ucraniana y española han sido detenidas y tres más investigadas, acusadas de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.