Las investigaciones se iniciaron a raíz de una serie de denuncias formuladas por doce ciudadanos ucranianos y moldavos, cuatro de ellos ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Vernea (Barcelona) y ocho más que se presentaron voluntariamente en la comisaría de Policía de Tortosa.

El "modus operandi" de la organización consistía en ofrecer, por medio de diversas agencias ubicadas en Ucrania, un trabajo digno y bien remunerado en España en tareas agrícolas, exigiéndoles por ello la cantidad de 1.500 dólares por anticipado.

A su llegada les facilitaban unos teléfonos de contacto y, una vez en España, comprobaban que habían sido víctimas de un engaño, ya que por el trabajo que ralizaban, consistente en la recogida de naranjas durante doce horas diarias, les abonaban la cantidad de 2.000 pesetas a la semana.

El número de personas que han resultado víctimas de las actividades de dicha organización se aproxima a las 520. El traslado a España de los ilegales comenzó a efectuarse desde el pasado verano en autocares de 25 plazas, en intervalos de quince días.