Así lo confirmó este martes la Policía en un comunicado, en el que explican que la investigación arrancó tras una solicitud de colaboración de la Policía de Rumanía. Dicha petición respondía a la información facilitada por dos ciudadanos rumanos empleados en una explotación agrícola en la citada localidad, quienes por medio de sus familiares habían comunicado que se encontraban retenidos contra su voluntad.

Los agentes pusieron en marcha un operativo que permitió la localización y liberación de estos trabajadores. A raíz de las declaraciones recabadas y de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, detectaron la existencia de un grupo criminal presuntamente dedicado a la comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Días después, establecieron un amplio dispositivo policial en la finca donde habían sido localizadas y liberadas las dos primeras víctimas, al existir indicios de que podrían encontrarse allí más personas afectadas por la actividad de la red investigada. Durante la intervención fueron detenidos cuatro miembros de la organización y se identificó a 91 trabajadores de nacionalidad rumana que se encontraban alojados en contenedores prefabricados en "condiciones precarias".

Según las declaraciones, la mayoría de trabajadores contactó con la organización a través de anuncios publicados en internet y, tras mostrar su interés, firmaron un precontrato del que únicamente pudieron ver la primera página, siendo informados verbalmente de las demás condiciones. Una vez aceptada la oferta, eran trasladados desde diferentes puntos de Rumania hasta España, comprobando posteriormente que las condiciones eran diferentes a las inicialmente acordadas.

El desplazamiento lo realizaban en autobús y tenía una duración de tres días. La mayoría de los trabajadores manifestó que la organización les había asegurado que el transporte era gratuito. Sin embargo, al llegar a Caspe les obligaron a trabajar dos días sin percibir salario para abonar el coste del viaje. Asimismo, varios trabajadores revelaron que la organización les había prometido 9,50 euros por hora de trabajo.

Las jornadas laborales eran de 10 horas diarias de lunes a sábado. Aunque inicialmente se les informó de que el alojamiento sería gratuito, una vez llegados a la explotación fueron alojados en casetas prefabricadas con capacidad para diez personas y se les comunicó que deberían abonar dos euros diarios por servicios básicos como cocina, agua potable y agua caliente.