Según informó la policía este martes, la investigación reveló que la organización desarrollaba su actividad bajo una apariencia de legalidad diseñada con el objetivo de generar confianza entre los afectados. El grupo disponía de oficinas físicas abiertas al público, publicidad corporativa, personal uniformado y una aplicación que simulaba el funcionamiento de una entidad de inversión legítima.

El proceso delictivo empezaba con la localización, identificación y captación de víctimas potenciales, configurándose estas como perfiles interesados en obtener rentabilidades elevadas mediante la inversión en criptomonedas.

Después de ganarse la confianza de las víctimas, les instaban a realizar aportaciones económicas mediante transferencias bancarias o la adquisición de criptomonedas. Posteriormente, los criptoactivos eran transferidos a direcciones facilitadas por miembros del entramado.

Los fondos obtenidos eran introducidos en un complejo circuito financiero destinado a dificultar su rastreo. Para ello se utilizaban cuentas bajo el control de distintos miembros de la organización entre las que se hacían continuas transferencias cruzadas, ingresos en efectivo, retiradas de fondos y pagos a terceros.

Los investigadores realizaron cinco entradas y registros, de los cuales tres fueron en la ciudad de Madrid, uno en Torrejón del Rey (Guadalajara) y otro en Rubí (Barcelona). Entre los objetos intervenidos destacaban cerca de 15.000 euros en efectivo, un vehículo, más de 20 dispositivos móviles y tres ordenadores portátiles. Además, se bloquearon 38 cuentas bancarias y un saldo de cerca de 75.000 euros.