Según informó el Instituto Armado, su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inició la investigación a finales de 2025 debido a informaciones recibidas por distintas vías en relación a una presunta organización dedicada a hechos delictivos contra la flora y fauna.

Como consecuencia de estas pesquisas, los agentes interceptaron en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla una maleta en cuyo interior localizaron diversos especímenes de animales protegidos por el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre Cites, que carecían de cualquier tipo de documentación.

A TRAVÉS DE PAQUETERÍA

A raíz de la intervención de la maleta se determinó que el destino de dicho envío estaba en las Palmas de Gran Canaria. Por ello, se establecieron dispositivos de vigilancia sobre los principales responsables de los envíos una vez identificados.

La Guardia Civil constató una estructura definida jerárquicamente con distintos roles, la cual paralelamente contaba con la participación de personal de empresas de paquetería no autorizadas para el transporte de animales vivos. Estos se valían del trato de favor y eran conocedores del contenido de los paquetes, falsificando la documentación para su transporte.

Finalmente, se realizaron cinco registros en inmuebles y tres en naves industriales en Sevilla. En el interior de los mismos fueron localizados 256 especímenes protegidos como varanos de la sabana ('varanus exanthematicus') ranas arbóreas de ojos rojos ('agalychnis callidryas'), caimanes de anteojos ('caiman crocodilus') o una iguana albina.

A su vez fueron localizados 61 perros y 28 gatos, presuntamente destinados a la cría de los mismos para su posterior venta de manera ilícita, ya que los responsables no estaban facultados para dicha actividad.

Además, en uno de los domicilios fueron intervenidos 56.965 euros en efectivo repartidos por distintas estancias del mismo, presuntamente procedente de los beneficios obtenidos por el tráfico de estas especies.

La operación culminó con la puesta a disposición de la autoridad judicial competente de los dos principales responsables de la organización en calidad de detenidos y la investigación de otras ocho personas.