Según informó este viernes la Dirección General de la Policía, 11 personas fueron detenidas y se llevaron a cabo 11 entradas y registros en un operativo que contó con más de 100 agentes en varias provincias españolas, en las que se incautaron ‘criptoactivos’, casi 30.000 euros en efectivo, terminales telefónicos, joyas y relojes de alta gama.

La investigación comenzó a principios de este año, cuando se determinó que una serie de delitos de estafa bajo la técnica de ‘phising’ del ‘falso empleado de banca’, cometidos en varias provincias españolas, tenían un patrón que confluía en los mismos presuntos autores.

Además, los investigados disponían presuntamente de una amplia base de datos de clientes a los que contactaban telefónicamente, generando un clima de confianza para advertirles de la detección de movimientos fraudulentos en sus cuentas.

A continuación, les solicitaban las claves de operaciones para, supuestamente, bloquear dichos movimientos, cuando lo que en realidad pretendían conseguir era autorizar movimientos de efectivo en su favor, que se traducían en transferencias bancarias, movimientos en plataformas de intercambio de dinero instantáneo, compras de tecnología y de criptomonedas.

En cuanto a las medidas de seguridad adoptadas por los estafadores, implicaban el uso de numerosos teléfonos móviles, llegando a contabilizarse durante la investigación hasta 55 números distintos, que eran intercambiados periódicamente para evitar ser identificados con facilidad.

WIFI DE HOTELES

Los agentes de la Policía Nacional detectaron que, para la ejecución de las estafas, los detenidos aprovechaban periodos de residencia en hoteles, en los que se registraban con documentación sustraída a nombre de terceras personas, de este modo, utilizaban redes wifi no vinculadas a sus identidades.

Esta era la composición de la cúspide del entramado, la cual contaba también con una amplia red de ‘mulas bancarias’, que eran personas que utilizaban para la recepción del dinero defraudado a las víctimas.

Las diferentes medidas de investigación tecnológica adoptadas por los investigadores permitieron, finalmente, identificar plenamente a los cuatro dirigentes de la organización, quienes ocupaban el rol de autores materiales de las estafas.

273 VÍCTIMAS

Posteriormente, se llevó a cabo la explotación de esta primera fase de la operación, practicándose entradas y registros en las localidades gaditanas de San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y la barcelonense ciudad de Sabadell, que culminaron con la detención de tres de los cuatro investigados principales del entramado, como presuntos responsables de los delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

Hasta el momento de la explotación fueron detectadas 111 víctimas de la organización criminal, repartidas por todo el territorio nacional. Posteriormente, gracias a la realización de los cinco registros domiciliarios, junto con el análisis de los dispositivos hallados, se pudo descubrir un total de 273 víctimas, a las que les habrían causado un perjuicio económico de más de 778.637 euros.

Por lo que respecta al material incautado en los registros, se intervinieron, entre otros efectos, ‘criptoactivos’ equivalentes a 7.500 euros, 27.660 euros de dinero en metálico, seis teléfonos móviles utilizados para la comisión de las estafas, un documento nacional de identidad sustraído, tres relojes de alta gama, joyas, prendas de ropa y otros complementos de lujo, así como consolas de videojuegos, ordenadores y otros efectos electrónicos, presumiblemente obtenidos con el producto de la actividad ilícita desarrollada por los arrestados.

Los arrestados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de las localidades de Jerez de la Frontera y Chiclana. El cuarto involucrado no pudo ser localizado y se le decretó una orden de búsqueda.

DESARTICULADA LA ‘RED DE MULAS’

Durante la segunda fase de la operación se consiguió el arresto de otros ocho integrantes de la organización. Se trataba de los integrantes del segundo escalón de la red criminal, los cuales estaban asentados siete de ellos en la zona sur de la provincia de Alicante (tres en Elche, tres en Catral y uno en Guardamar del Segura) y uno en Lérida.

Conocidos en la jerga policial como ‘captadores y droppers’, su misión era la de captación de personas de cualquier punto de la geografía española, en ocasiones con perfiles de especial vulnerabilidad. Estas personas solían estar dispuestas a el cambio de una contraprestación económica, a titularizar líneas telefónicas, poner a disposición de la organización sus cuentas bancarias, para recibir en ellas el dinero procedente de las estafas previamente cometidas, o a utilizar sus datos personales para pedir y después recoger en tienda, pedidos efectuados "online". En algunas ocasiones se pudo constatar que habrían recurrido a la coacción para lograr que alguna de sus ‘mulas’, accediera a retirar dinero ilícito de una de sus cuentas.

En esta segunda fase se practicaron un total de seis registros tanto en la provincia de Alicante (cuatro en Catral y uno en Guardamar del Segura) y uno en Lleida, en los que se intervinieron más de 15.000 euros en efectivo, escopetas y diversa munición de armas de fuego, material de telefonía, ordenadores, artículos de lujo, relojes, joyas, diversa documentación y, además, un vehículo de alta gama.

Estos últimos están siendo investigados por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, detención ilegal y coacciones. Los arrestados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Orihuela, Torrevieja y Lleida.