La Plaza número 13 de la Sección de Instrucción entiende que la expresión de la portavoz socialista “iba más allá de la mera libertad de expresión, imputándose un ilícito penal en concreto”. Esta desestimación va en contra del criterio del Fiscal, que informó a favor de estimar la reforma de Maroto. El Gobierno regional interpuso la querella contra la portavoz socialista en junio de 2025 que fue admitida a trámite tras no retractarse de las declaraciones que hizo en el acto previo de conciliación.

Además, según la Comunidad de Madrid, fue “con el objetivo de defender a los profesionales que trabajaron y pusieron su vida en riesgo con todos los medios disponibles en cada momento para atender y salvar la vida de las personas que vivían en una residencia en la pandemia mundial del covid-19”.