A través de un comunicado, el Instituto Armado informó de que en la operación han sido detenidos 23 integrantes de esta red, a los que se les imputan los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de defraudación a la Seguridad Social, falsificación documental, delito contra el derecho de los trabajadores y encubrimiento.

Entre las actividades que llevaba a cabo este grupo se encuentran la explotación laboral de sus empleados, que en muchos casos no estaban dados de alta en la Seguridad Social y a los que incluso llegaron a cargar las múltiples deudas que las empresas contraían.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio, cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de un trabajador de estas empresas, puesto que su nombre figuraba en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife como deudor de más de 500.000 euros a la Seguridad Social.

IRREGULARIDADES LABORALES

Agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Canarias iniciaron entonces la investigación de las actividades de este grupo de empresas, que posee una cadena de restaurantes.

Cada una de las empresas de este grupo cometía un gran número de irregularidades relativas a los derechos de los trabajadores, y llegaban a tener empleados sin permisos de residencia, sin contrato de trabajo y sin alta en la Seguridad Social.

La organización disponía de una oficina con apariencia de gestoría, encargada de las gestiones relacionadas con los empleados, a los cuales, en ocasiones no se les pagada, se les descontaban las vacaciones o días de baja, se les pagaba en varias veces y se falsificaban las nóminas y otros documentos para que pudieran pedir préstamos, cobrándoles posteriormente por ello.

En otras ocasiones, a cualquiera de estos trabajadores se le inscribía como administrador único de la empresa, sin su consentimiento y sin comunicarle esta circunstancia, por lo que le hacían responsable de las deudas.

BLANQUEO DEL DINERO

Todas estas empresas remitían los beneficios obtenidos a una única empresa legal, que se mantenía al margen de estas actividades fraudulentas y que era la titular de todas las propiedades. Con esto se conseguía blanquear el capital conseguido.

Por otra parte, disponían de un local de "catering" que carecía de cualquier tipo de autorización y de las correspondientes medidas sanitarias, en la que se podrían haber elaborado comidas y salsas con productos caducados y no aptos para el consumo. Este local fue registrado con la colaboración de inspectores de sanidad, que detectaron multitud de infracciones administrativas a la Ley de Salud Pública.

Durante el desarrollo de la operación se llevaron a cabo 19 registros en oficinas, domicilios, restaurantes y locales de este entramado, en los que participaron inspectores de trabajo. Estas actuaciones concluyeron con la detención de los 23 integrantes de la red, así como de otras 3 personas que se encontraban en situación irregular en España.

A raíz de estos registros se han precintado 14 restaurantes y dos locales de alterne, y se han intervenido cinco ordenadores, 14.000 euros en efectivo y abundante documentación.