Así lo confirmó este jueves la Guardia Civil a través de un comunicado en el que explicó que el verano pasado detectó indicios de esta posible red y la explotación laboral de numerosos trabajadores, lo que apuntaba a presuntos delitos relacionados, entre otros, con la inmigración irregular, la trata de seres humanos y los derechos de ciudadanos extranjeros.

Los agentes realizaron numerosas vigilancias y comprobaciones en las citadas comunidades, identificando una empresa cuyo responsable principal desarrollaba su actividad en Vizcaya, con una sede económica establecida en Vitoria. Con las investigaciones, la Policía Judicial también descubrió que muchas de las víctimas de la explotación laboral se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por circunstancias económicas o sociales que derivaban en una "dependencia" respecto a quienes controlaban sus condiciones de trabajo.

La mayoría de estos trabajadores había realizado largos desplazamientos desde sus lugares de origen a través de diferentes rutas migratorias y utilizando diversos medios de transporte, cuyo trayecto se llevaba a cabo con escalas en países como Grecia e Italia antes de llegar a España. Las investigaciones permitieron conocer que algunos de ellos habían contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje, circunstancia que incrementaba su situación de vulnerabilidad.

VIVIENDAS CLANDESTINAS

Los guardias civiles detectaron que, al inicio de la jornada laboral, existían concentraciones de una multitud de trabajadores en diferentes puntos de Vitoria, para poder ser distribuidos con mayor facilidad. Los desplazamientos se realizaban con vehículos que iban hacia obras y construcciones, recorriendo, de esta manera, cientos de kilómetros diariamente.

En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la distancia respecto a la sede de la empresa investigada, los trabajadores eran alojados en viviendas clandestinas, donde permanecían durante la semana laboral en condiciones precarias, convirtiéndose así en objeto de investigación.

Ante los indicios detectados, y en virtud del convenio existente entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en febrero de 2026 se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo especializado en la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social.

El desarrollo de la investigación permitió el conocimiento de varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados a la obra investigada. Al menos dos de ellos habrían sido trasladados a centros sanitarios para recibir asistencia médica y posteriormente apartados de su actividad laboral.

En su fase de explotación final en junio, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Judicial de la Guardia Civil en Álava y Cantabria, con el apoyo de más de 70 efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil en el País Vasco, Cantabria y Asturias, llevaron a cabo un operativo simultáneo en varias obras del norte de España.

EN SITUACIÓN IRREGULAR

Como resultado de la operación, fueron inspeccionadas diez obras ubicadas en estas comunidades, donde fueron detectadas presuntas irregularidades laborales en siete de ellas. El operativo realizado fue capaz de identificar a 41 trabajadores extranjeros vinculados a distintas empresas investigadas. La mayoría de estos utilizaba documentación de terceros para acreditar su identidad, ya que se encontraban en situación administrativa irregular.

Tras las comprobaciones realizadas, 40 de los 41 trabajadores identificados se encontraban en situación administrativa irregular en España. Durante las actuaciones, muchos de los trabajadores mostraban un rechazo inicial a colaborar con las autoridades y dificultaban la verificación de su identidad y situación administrativa. Posteriormente, varios de ellos reconocieron haber abonado importantes cantidades de dinero a organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular para llegar a España y acceder a un empleo.

En total, han sido tres las personas detenidas, en concreto, los principales responsables empresariales. También se investiga a una cuarta por su implicación en los hechos. Se han realizado tres registros e inspecciones en distintos inmuebles y establecimientos de Vizcaya y Álava, donde ha sido intervenida documentación y dispositivos electrónicos que están siendo analizados por los investigadores.

La operación, de nombre “Ambotan-Canapu”, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones a medida que avance el análisis de la documentación y los dispositivos intervenidos. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige actualmente la instrucción del procedimiento.