Según informó la policía este jueves, la investigación se inició a raíz de una querella interpuesta por 803 afectados, quienes invirtieron en pago único o mensual para formar parte de dicha sociedad y así obtener ingresos pasivos o recurrentes.

Al tratarse de objetivos inviables, intentaban recuperar sus inversiones, las cuales habían sido camufladas para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las cuales la sociedad carecía de autorización.

El entramado ofrecía dos supuestas líneas de negocio a sus clientes, un programa de fidelización mediante descuentos para los afiliados y un programa de recomendaciones formando distribuidores que capten nuevos clientes y comercios.

Para ser parte de esta sociedad y convertirse en distribuidor de la comunidad de compras las víctimas debían abonar a la empresa un pago único de 2.000 euros entre 2011 y 2014 y pagos mensuales de entre 99 y 399 euros a partir del año 2015.

Los beneficios obtenidos por el entramado procedían principalmente de estas cuotas, así como de los pagos efectuados por otros negocios que ofrecían a sus afiliados, de muy difícil cumplimiento para la gran mayoría.

El daño económico sufrido por los querellantes supera los 5.000.000 de euros, siendo el beneficio obtenido por la sociedad, durante todos los años de funcionamiento, de más de 52.000.000 euros debido al carácter piramidal de la estafa.

Las investigaciones realizadas por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) permitió la detención de una persona por su presunta relación con la actividad de la sociedad en España desde el 2011.