Según detalló la Policía este miércoles, se ha podido identificar una "estructura organizada" que habría desarrollado diferentes funciones relacionadas con la captación, alojamiento, cobro, control e intermediación para el posterior traslado irregular de migrantes a la Península.

La investigación se inició tras detectarse la presencia reiterada de personas migrantes en las zonas comunes de un garaje comunitario situado en las inmediaciones de la barriada del Príncipe. La situación había generado alerta en los vecinos, ante la presencia de varias personas que pernoctaban en el suelo, en espacios destinados al estacionamiento de vehículos o trasteros sin condiciones adecuadas de habitabilidad. En determinados momentos, el número de personas que habrían utilizado estas instalaciones habría alcanzado alrededor de una veintena, circunstancia que habría permitido a los responsables obtener importantes ingresos económicos.

Según las declaraciones recabadas durante la investigación, algunos de estos alojamientos se ofrecían por cantidades próximas a 30 euros diarios, llegando alcanzar los 900 euros mensuales. Además, determinados elementos básicos para el descanso, como colchones o mantas, estarían condicionados al pago integro de las cantidades exigidas. También se habría cobrado entre cinco y diez euros por realizar una carga completa de los teléfonos móviles.

Asimismo, los agentes corroboraron que la organización también habría ofrecido a los migrantes la posibilidad de trasladarse irregularmente a la Península por cantidades que alcanzarían los 6.000 euros. Por desarrollar esta actividad, los integrantes de la red habrían asumido diferentes cometidos, ya que, mientras algunos se ocupaban de localizar y captar a personas recién llegadas, otros gestionaban los pagos y realizaban los desplazamientos hasta los lugares de alojamiento, además de labores de control sobre quienes permanecían en ellos. Esta distribución de funciones habría permitido mantener una estructura de intermediarios en torno a los responsables de mayor nivel.

De los testimonios recabados, los agentes comprobaron que muchos de los migrantes habían recibido instrucciones para ocultarse y evitar el contacto con los agentes mientras esperaban la posibilidad de ser traslados a la Península. A ello se suman amenazas de muerte y coacciones dirigidas contra las víctimas con el objetivo de imponer la "ley del silencio" y evitar que pudieran declarar contra los responsables de la organización.

Pese a ello, algunos decidieron colaborar y prestaron declaración de forma voluntaria, lo que facilitó reconstruir parte del funcionamiento de la red. De ahí que se identificara y detuviera a dos personas en la ciudad autónoma como responsables.