Así lo confirmó este viernes el Instituto Armado en un comunicado, detallando que los arrestos se llevaron a cabo en la localidad malagueña de Benalmádena y en la pacense de Zafra.

En concreto, en el primero de los casos, el detenido tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades francesas al estar involucrado en el secuestro y tortura del fundador de una empresa proveedora de billeteras de criptomonedas y de su mujer. Los autores pidieron por su libertad a cambio de diez millones de euros.

Tal y como explica la Guaria Civil, el secuestro se llevó a cabo en el momento en el que la pareja dejó en el colegio a sus hijos, siendo asaltados por tres encapuchados que portaban armas de fuego. Como medida de presión, los secuestradores llegaron a amputar un dedo al padre. Finalmente, las víctimas fueron liberadas.

Tras los hechos, las autoridades francesas identificaron y detuvieron a todos los miembros de la organización criminal salvo a uno de ellos, que abandonó el país galo para esconderse en España tratando así de evitar su arresto.

Sin embargo, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguieron ubicar al huido en la provincia de Valencia, donde residía junto a su pareja y un amigo. Los tres se alojaban en apartamentos alquilados a través de plataformas de internet para no dejar rastro alguno, utilizando para ello una tarjeta bancaria de una cuarta persona para cubrir todos los gastos.

Los agentes comprobaron que después se desplazaron a Sevilla, donde vivieron con unos familiares, y más tarde, en Cádiz, para finalmente acabar en Benalmádena, donde fueron localizados y detenidos a finales de la semana pasada.

Para su detención, traslado y custodia a los Juzgados de Fuengirola (Málaga) los agentes organizaron un amplio dispositivo policial dada su "peligrosidad" y por la posibilidad de que la organización criminal a la que pertenecía intentara su liberación.

AGRESIÓN SEXUAL

Mientras, en el segundo de los casos, el arrestado es un ciudadano brasileño reclamado por un delito de agresión sexual a un menor de edad. Los hechos tuvieron lugar entre el año 2024 y 2025 en la ciudad de Corumbá de Goiás (Brasil).

Las autoridades judiciales de Brasil decretaron el pasado mes de febrero la prisión preventiva del investigado y solicitaron su búsqueda internacional mediante la emisión de una 'Red Notice' de Interpol.

De manera inmediata se iniciaron las gestiones para la localización del fugitivo tras el intercambio de información realizado en el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil, con sede en Río de Janeiro, en el que España está representada por la Guardia Civil. Esa coordinación pudo determinar que el investigado se encontraba en la provincia de Badajoz, lo que permitió su localización y posterior detención.